Los conflictos personales y políticos entre los primeros a bordo -tanto de los gobiernos centrales, provinciales y hasta locales- no son nuevos en este país. Para los expertos consultados por este Diario, para solucionar estos problemas no hace falta un cambio en la normativa ni en la Constitución, sino que las organizaciones políticas deben hacer su trabajo: formar cuadros.

Desde antes de la vuelta a la democracia, el primer mandatario José María Velasco Ibarra veía al vicepresidente como un “conspirador a sueldo”. Jorge Zabala, quien fue designado por el pueblo como vicepresidente -en esa época, los binomios eran escogidos por separado y no en binomio- fue su enemigo político dentro de Carondelet.

Pero ya en democracia, varios han tenido que estar en segundo plano, como fue el caso del exvicepresidente Alfredo Palacios, recuerda Pablo Medina, politólogo y profesor de Ciencia Política en la Universidad San Francisco de Quito. Comenta que Palacios tuvo que seguir sus labores como cardiólogo, porque el jefe de Estado no le asignó funciones, hasta que el entonces presidente Lucio Gutiérrez tuvo que abandonar la Presidencia y por ello tuvo que colocarse la banda presidencial.

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Las no buenas relaciones entre los dos primeros mandatarios ha sido algo común en nuestra democracia, como los casos de Osvaldo Hurtado, quien asumió la Presidencia, tras la súbita muerte del entonces jefe de Estado Jaime Roldós, y su hermano, León Roldós, la Vicepresidencia. Así también, León Febres-Cordero y Blasco Peñaherrera; Abdalá Bucaram y Rosalía Arteaga.

Al igual que en la Presidencia, las cabezas principales de las Prefecturas son elegidas en binomio por el pueblo; solo la segunda autoridad de las alcaldías es elegida por el Concejo municipal. Sin embargo, al ser elegidas por el Concejo municipal, los segundos a bordo de los cabildos tendrían un respaldo de los concejales, indica Verónica Sevilla, exdirectora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano y excandidata a la vicepresidencia de Ecuador en 2021. A pesar de ello, si las principales autoridades no delegan funciones a los segundos a bordo, ellos siguen siendo concejales y consejeros, por lo que, de acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, ellos ya tienen funciones explícitas.

Aun así, los desacuerdos también han existido entre los compañeros de fórmula de los gobiernos provinciales, como fue el caso de la Prefectura de Morona Santiago, entre la exviceprefecta Talia Cabrera y el exprefecto Rafael Antuni.

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Pero todo esto sucede, a criterio de la excandidata, porque una vez que culminan los comicios, las alianzas se rompen, debido a que son muy frágiles. Además, porque entre los candidatos no se conocen ni han tenido experiencia trabajando juntos o no comulgan en sus principios e ideologías; solo se unen por el momento. Es por esto, sugiere, que no hay confianza entre ellos. “No se puede juntar a dos personas a trabajar en un sector tan importante que no comulgan en los mismos principios o visión país”.

A criterio de Sevilla y de Medina, la actual pugna presidencial no estaría circunscrita a una violencia política de género, ya que estas desavenencias no se dan porque la vicepresidenta Verónica Abad sea mujer, sino por sus declaraciones desde la campaña política.

Si se analiza, ambos no pertenecen a la misma organización política y la aparente pelea entre Daniel Noboa y Abad, observa Medina, es el resultado de todo lo antes mencionado.

Todo esto es resultado de la ausencia de partidos políticos, afirma el politólogo, debido a que no ejercen el principal rol: ser formadores de líderes políticos; los principales cuadros deben hacer equipo con gente que no conoce y muchos de ellos ni siquiera pertenecen a ninguna organización política. Tampoco, provee al cuadro de un equipo de profesionales en quienes pueda apoyarse en las demás áreas del gobierno.

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A esto, Sevilla añade que, si no hubiera sido por la Ley de Cuotas, muchos de los presidenciables hubieran escogido como su par a otro hombre, como fue el caso del excandidato Jan Topic; su primera opción no fue Diana Jácome, sino Pedro Freire. El que los futuros primeros mandatarios prefieran correr por la Presidencia acompañado de otros hombres, como sus compañeros de fórmula, ha sido algo común en Ecuador.

Desde 1948 hasta las pasadas elecciones de 2023, ocho mujeres han pugnado por la banda presidencial. 18 procesos electorales se han realizado desde la vuelta a la democracia.

Pero en esto, los afiliados y/o adherentes de las organizaciones políticas también tienen responsabilidad, asegura Ivonne Coloma, vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ya que ellos, en las primarias -abiertas, cerradas o representativas- pueden determinar que quienes los represente en un proceso electoral sean escogidos dentro de su propia militancia. “Si alguno de los afiliados no está de acuerdo, la ley contempla que puedan presentar un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral para precautelar sus derechos”. No obstante, ellos deben agotar primeramente todos los mecanismos internos del movimiento o partido político, de acuerdo con lo que establezca su régimen orgánico o estatuto, antes de presentar su inconformidad ante el TCE.

Carlos Serrano es el viceprefecto del Guayas y su delegación fue directa, no a través de un documento oficial. Él está encargado de la coordinación y la relación permanente con los burgomaestres y presidentes de las juntas parroquiales, así como con el Consejo Provincial, con el fin de lograr gobernabilidad y que se pueda avanzar en la ejecución y desarrollo de las obras y los programas sociales, dice.

Según el funcionario, lo importante es hacer equipo porque de esa forma se evita la duplicidad en el trabajo. Por eso, “he cumplido con más de una decena de delegaciones puntuales”.

Es por esto por lo que, quienes pretendan acompañar a un prefecto o a un presidente en una contienda electoral, deben tener claros su rol: apoyar a la primera autoridad y llevar a cabo los proyectos que desde el gobierno central, provincial o local se hayan propuesto, enfatiza Sevilla, ya que “la segunda autoridad no es la que decide”.

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