Las sanciones contra hurtos y robos son mas rapidas

Las estadísticas son alentadoras para el Consejo de la Judicatura. Los delitos contra la propiedad -robo y hurto- se castigaron en un 83 % y 81 %, respectivamente, desde agosto de 2014 (ver cuadro). En ese mes entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y, con él, nuevas posibilidades de juzgamiento.

Una de ellas es el juicio directo. El optimismo de la Judicatura es porque los resultados son consecuencia de la aplicación de esa figura. Lo reconoció Gustavo Jalkh, presidente del Consejo.

Según el funcionario ese es un mecanismo de lucha eficiente contra la impunidad en delitos flagrantes sancionados con menos de cinco años.

El tema se analizó ayer en la mesa de justicia, a la que asistieron representantes de la Fiscalía, de los ministerios de Justicia, Interior y Defensoría, entre otros.

El viceministro del Interior, Diego Fuentes, mencionó que en lo que va del año hubo una reducción de 17 % de esos delitos. La veracidad de esa cifra es fruto del cotejamiento de la capacidad de denuncia y una encuesta de victimización de las personas, señaló.

Jalkh destacó que ahora, con un juicio más ágil, el nivel de desempeño de los jueces subió. En los tribunales se detecta un aumento de la productividad.

La mesa analizó, además, la eficiencia en el caso de Guayas. Ahí se detectó una disminución de causas en los tribunales. Según la evaluación, esto responde a que el procedimiento directo permitió que los conflictos se resuelvan en los juzgados de garantías penales. A los tribunales van delitos que se sancionan con más de cinco años.

La aplicación de los procedimientos directos y abreviados significó, además, un ahorro de 107 millones de dólares desde la vigencia del Código Penal, destacó el funcionario.

Según Jalkh, una carga procesal del 40 % ya no tiene que ir a los tribunales penales para procedimientos largos y las sentencias se obtienen entre 10 y 25 días.

Pero hay una preocupación. 527 procesados no han sido capturados. Jalkh recordó a los policías la obligación de colaborar con la justicia.

El artículo 295 del COIP establece que el policía o miembro de las Fuerzas Armadas que, “después de haber sido legalmente requerido por la autoridad civil, se niegue a prestar el auxilio que esta le pida, será sancionado con pena privativa de libertad de 15 a 30 días”.

El viceministro habló de la conformación de un bloque especial de búsqueda. Será similar a los formados para homicidios y muertes violentas. Jalkh indicó que se necesitan mecanismos similares para delitos sexuales, contra la propiedad y otros. “Vamos a hacer un esfuerzo institucional para tener una brigada específica”, dijo.