La ruta de Caminosca

Le bastaron nueve años para dar un giro a sus finanzas. La compañía quiteña Caminosca, denunciada por fraude por su dueña australiana Cardno tras hallar en la contabilidad evidencia de coimas por al menos $ 3 millones a funcionarios públicos, según publicó ayer EXPRESO, fue fundada en 1976. Pero no fue hasta 2009 cuando su rol como contratista pública tomó relevancia, de la mano del ministerio de Transporte y la Corporación Eléctrica, Celec. Su rol principal: fiscalizar la obra pública y garantizar su entrega prolija y transparente. Esto incluye obras hoy bajo la mira, levantadas por Odebrecht, como Manduriacu o Minas de San Francisco.

Este Diario sacó a la luz por primera vez los siete sobrenombres de funcionarios públicos recogidos por la investigación de compañías auditoras de prestigio mundial y validadas en el laudo internacional; sin embargo, la sombra de la sospecha sobre Caminosca y sus casi $ 130 millones en contratos públicos, tiene más de un año aireándose entre las denuncias públicas.

La Comisión Cívica Anticorrupción, un brazo civil que se autodescribe apartidista, cuyas denuncias no han encontrado eco en las autoridades de control, encendió las alarmas a mediados del año pasado, como consta en la denuncia pública dirigida al Fiscal Galo Chiriboga.

“Resulta imperativo señor Fiscal, que en este punto usted conozca que la empresa Caminosca, si bien considerada una de las mayores empresas consultoras del país, a raíz de su adquisición por parte de la empresa Cardno en el año 2012, entró en un proceso interno de auditoría en la que se investigan presuntos actos de corrupción, en particular con su sucursal en el Ecuador”, anotaba la demanda.

Lejos de llevarla al plano de la investigación judicial, la Fiscalía solicitó su archivo. Chiriboga consideró que no existían elementos suficientes para iniciar un proceso. En su contra, aunque sólo de forma inicial, estuvo la Corte Nacional de Justicia. El conjuez Roberto Guzmán denegó la posibilidad del archivo, pero 24 horas más tarde, en una controvertida sentencia, el juez titular Luis Enríquez echó abajo esa decisión jurídica. Al final, nadie investigó nada.

“Ahora hay mucho que investigar”, apunta Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción, en referencia a la publicación de este Diario sobre un complejo sistema de códigos y coimas, desvelado en un proceso de arbitraje, bajo sigilo en Estados Unidos, que incluye el uso de empresas offshore de papel como “vehículo de pago” a funcionarios públicos ecuatorianos.

El laudo pone el ojo en tres de los 13 contratos públicos de Caminosca Toachi-Pilatón, Minas de SanFrancisco y Sopladora, por ser los más lucrativos. Pero no significa que sean los únicos en esta trama.

De hecho, en la sentencia se destacan subcontratos injustificados con Asesorías Australes, la offshore chilena con cuentas en Bahamas y Brasil, con la que Caminosca actuó en sus tres principales proyectos. Estos subcontratos están “valorados en $508 mil y aparentemente ejecutados en conexión con el proyecto del cliente gubernamental Petroamazonas”. La petrolera estatal también adjudicó un contrato de fiscalización a Caminosca, por $16 millones.

De la misma forma en la que Caminosca mantenía hojas de cálculo con contabilidades paralelas bajo epígrafes como “DH Sopladora” o “Dh Toachi”, en referencia a la cantidad de pagos fraudulentos atados a ambas obras; en el proceso se ventila el documento “DH Baba”, vinculado al contrato que la compañía y su socia brasileña Lema ganarón para la fiscalización de esta hidroeléctrica.

Bajo la lupa de la sospecha no quedan solamente los pagos de coimas, el uso fraudulento de sistemas financieros extranjeros o registros de aportes como “Hidroeléctrico Vidrio. Campaña Política”; la auditora internacional que llevó a cabo la investigación financiera que sirve de base para este proceso, Kroll, determinó que la principal adjudicación de Caminosca y sus socios con el Estado, la fiscalización de Sopladora, “es un contrato valorado en exceso de $ 46 millones”.

Nada de esto ha podido entrar bajo el radar de las autoridades de control ecuatorianas. Pero eso podría estar por cambiar, luego de que el vicepresidente y candidato a la reelección Jorge Glas, pididera ayer públicamente a la Fiscalía seguir la pista de la publicación de este Diario, en un intento por responder a la avalancha de denuncias de corrupción que se han tomado la recta final de la contienda electoral.

Glas comparece otra vez para defenderse

Otra vez. El vicepresidente Jorge Glas y aspirante a la reelección ha debido frenar por tercera vez su viada electoral para ponerle cara a las denuncias por corrupción. Lo hizo ayer, desde la sede de Alianza PAIS en Guayaquil, rodeado de un círculo íntimo de coidearios.

Menos de 24 horas después desde que Dalo Bucaram lo acusara de manejar “la mafia petrolera” y señalara como “enriquecidas” sus cuentas y de sus familiares; el vicepresidente se ha enredado detrás de una mesa repleta de papeles, que revolvía de una lado al otro.

Respuestas de 10 países afirmando que no tiene bienes ni cuentas en esos territorios, detalles sobre el departamente que compró su hermano, Heriberto, en Florida, Estados Unidos; sus examenes de patrimonio levantados por Contraloría. Todo, acompañado de una devolución de ataques contra “la mafia Bucaram” a la que acusó de acusaciones infundadas.

Respondió también a esta publicación de EXPRESO, haciendo “un llamado público” porque, a su juicio, “cada cosa de estas tendrá que investigarse por parte de la Fiscalía”. En su lectura es parte de una campaña sucia porque “hace referencia, claro, asumiendo que vidrio soy yo, porque es claramente lo que insinúa este reportaje, que hay cuentas en paraísos fiscales”, un hecho que demiente a título personal.

Correa compara a Glas con Dilma

El presidente Rafael Correa, en declaraciones a los medios de comunicación, comparó las denuncias de corrupción que giran en la órbita del vicepresidente Jorge Glas, candidato a la reelección, con las que enfrentara en su momento la presidenta Dilma Rousseff.

A juicio del presidente, el hecho de que las denuncias tomen fuerzas a pocos días de las elecciones refuerza su teoría con raíces brasileñas: dos días antes de que Dilma Rousseff se reeligiera, la revista investigativa Veja la vinculó directamente a la trama Lava Jato.

Aunque Rousseff ganó las elecciones, fue luego destituida. Hoy ella y su círculo más íntimo siguen bajo investigación por su relación con la trama de corrupción petrolera.