Un panorama incierto. Tras desarrollarse la audiencia de seguimiento de cumplimiento de dictamen, el futuro del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) está en manos de los nueve magistrados de la Corte Constitucional.

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En audiencia pública realizada el 25 de septiembre, los jueces escucharon los argumentos de los consejeros de Participación, el juez Leiver Quimis (de Montecristi) y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para tener más elementos con los cuales tomar una decisión.

Esta, según expertos consultados por EXPRESO, es incierta, pero a su criterio podría estar sujeta a uno de los tres posibles escenarios que los magistrados encaran para resolver el presunto incumplimiento de su dictamen de 2019 respecto a las actuaciones del Consejo de Participación transitorio.

1. INCUMPLIMIENTO

La inacción es el peor escenario que vislumbra el constitucionalista Ismael Quintana. Según explica a este Diario, esta posibilidad no se puede descartar por las actuaciones “impredecibles” que han tenido los magistrados en otras situaciones similarmente complejas.

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“(En ese caso) Nadie recibiría una sanción y se sentaría un precedente terrible (...). A punta de veedurías y audiencias podrían pasar por encima del dictamen interpretativo de la Corte y bajarse a las autoridades”, analiza.

Además, recuerda que en apenas dos ocasiones la Constitucional ha destituido a funcionarios por incumplir sus dictámenes. La última fue a inicios de 2023, cuando destituyó al pleno presidido por Hernán Ulloa.

Del mismo modo, el constitucionalista José Chalco sostiene que la falta de un pronunciamiento o postura por parte de los jueces de la Corte Constitucional sería lesivo para el Estado. “(Su decisión) Tiene que ser aleccionadora. La institucionalidad lo necesita, lo reclama”.

2. PUNTO MEDIO

La impunidad y la destitución del pleno (o parte de él) son extremos que la constitucionalista Ximena Ron no considera como las vías que los magistrados de la Constitucional deban tomar.

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Según explica, ambas alternativas son un “análisis acelerado” de cómo se podría resolver el presunto incumplimiento del dictamen y, por el contrario, obvian antecedentes de la Corte.

“El proceso de seguimiento no es tan a rajatabla, no se destituye forzosamente”, aclara, al recordar que en el proceso del Consejo presidido por Ulloa, los jueces hicieron un análisis individualizado de cada consejero para tomar una determinación.

Esto pese a señalar que los casos de los Consejos de Participación presididos por Hernán Ulloa y Alembert Vera no son comparables, y que este último debe tener un análisis propio, pero tomando en cuenta ciertos antecedentes.

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“Los jueces tienen que justificar a quién destituyen y por qué lo hacen, según el grado de participación en el presunto incumplimiento. No podría haber una destitución de todos los consejeros. Los jueces deben analizar actuaciones”.

Sin embargo, Chalco resalta que en el caso de la destitución del Consejo de Participación presidido por Hernán Ulloa, también hubo consejeros destituidos por tener un grado de omisión en las decisiones.

En ese sentido, Quintana estima que los jueces constitucionales incluso podrían decantarse por solo lanzar una advertencia al Consejo de Participación y ordenar la nulidad del proceso de veeduría ciudadana al Consejo transitorio.

“Sería una decisión tibia porque a la larga equivaldría a que los jueces encuentran que no ha habido incumplimiento de su dictamen”, pero resalta que esta opción sería igual de lesiva para la institucionalidad.

3. DESTITUCIÓN

Es el escenario más claro para los constitucionalistas. Aunque coinciden en que la sanción debería ser direccionada a los consejeros que participaron activamente en el incumplimiento, consideran que es la única vía para dejar un buen precedente.

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“Corresponde que los jueces de la Corte Constitucional evalúen el grado de participación de cada consejero y destituir a los que fueron responsables del incumplimiento”, dice Chalco, quien adelanta que los principales implicados serían los consejeros de la mayoría del CPCCS.

El análisis que hagan los magistrados constitucionales para la posible destitución, a criterio de Ismael Quintana, también debe incluir las actuaciones del juez de Montecristi Leiver Quimis y de los demás funcionarios del Consejo que también participaron en el incumplimiento del dictamen.

No obstante, señala que el razonamiento de la posible sanción recién se podrá conocer una vez que los jueces se pronuncien acerca del presunto incumplimiento.

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