El renacer pendiente de la Policía: ¿Cuándo llegará la transformación prometida?

En medio de una crisis de seguridad sin precedentes, la Policía Nacional ha iniciado un proceso de fortalecimiento institucional que no surge de decretos ni de grandes asignaciones presupuestarias, sino de una necesidad urgente: sobrevivir, adaptarse y responder. 

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Desde sus propias filas, la institución ha impulsado un plan de modernización enfocado en recuperar infraestructura, renovar equipamiento y reactivar unidades policiales olvidadas. Todo esto, con el respaldo de alianzas estratégicas con el sector privado.

“Existe total voluntad de colaborar. Muchas empresas están abiertas a apoyar, siempre que los mecanismos estén claramente definidos, se garantice transparencia y haya coordinación efectiva con las autoridades para asegurar un impacto real”, manifiesta Miguel Ángel González Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

"Hemos tenido acercamientos tanto del Ministerio del Interior junto con la Policía Nacional, en el contexto de iniciativas de inversión privada a través de esquemas con beneficios tributarios. Estas alternativas están siendo analizadas con criterio técnico, con el objetivo de que cualquier contribución privada se traduzca en mejoras concretas para la seguridad y se mantenga dentro de un marco institucional claro", agrega González. 

En los últimos años, la demanda operativa ha crecido, mientras los recursos disponibles se han reducido drásticamente. Muchas Unidades de Policía Comunitaria (UPC) están cerradas o inhabilitadas por falta de mantenimiento. Otras operan en condiciones precarias: sin agua potable, con techos colapsados o sin acceso a internet. 

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En provincias como Manabí, Esmeraldas y Los Ríos, hay instalaciones que no han sido intervenidas en más de una década. “La habitabilidad y el acceso a servicios básicos para los uniformados son fundamentales. La eficiencia administrativa garantiza operativos exitosos. En Durán, por ejemplo, la unidad lleva entre 12 y 15 años sin mantenimiento”, señala un alto oficial del Distrito Durán que prefirió que su nombre no sea mencionado. 

Frente a esta realidad, la Policía ha optado por la autogestión. Oficiales han liderado campañas para atraer inversión privada, logrando que empresas locales colaboren con recursos para cerramientos, aulas de formación, remodelación de polígonos de tiro, vehículos y equipamiento de primera mano. Uno de los mayores desafíos ha sido la movilidad: durante años, los patrulleros circularon con neumáticos desgastados, sin mantenimiento y con sistemas de comunicación obsoletos.

EXPRESO solicitó entrevistas al ministro del Interior y al comandante general de la Policía Nacional para conocer de primera mano las necesidades del personal uniformado. No se obtuvo respuesta del Ministerio, y desde la comandancia se indicó que, por motivos de agenda, el general Pablo Dávila no podía atendernos. 

En su discurso de posesión, Dávila expresó su compromiso de escuchar al personal policial y trabajar en conjunto para mejorar sus condiciones. Reconoció el sacrificio de los policías, sus extensas jornadas y los riesgos que enfrentan, muchas veces en condiciones invisibilizadas. 

La eficiencia administrativa garantiza operativos existoso

En operativos recientes en sectores como Nueva Prosperina, en Guayaquil, ha liderado acciones para desarticular grupos armados organizados. Durante estas intervenciones se incautaron armas, municiones y vehículos, lo que evidencia la necesidad urgente de fortalecer el equipamiento policial. “He planteado la necesidad de reforzar la operatividad, ajustar estrategias y garantizar condiciones laborales dignas para nuestros policías”, afirmó Dávila. 

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El Ministerio del Interior ha reconocido la situación y ha incluido a Durán en la segunda fase del plan de modernización. Se contempla la rehabilitación del cuartel central, la dotación de nuevos patrulleros y la instalación de un sistema de videovigilancia. Sin embargo, aún no se han definido fechas ni presupuestos concretos. 

Mientras tanto, la institución ha gestionado convenios con concesionarias y empresas de transporte para renovar parte de su flota. En lo que va de 2025, se han incorporado más de 200 vehículos nuevos —entre patrulleros, camionetas y motocicletas—, muchos de ellos gracias a donaciones.

Aunque no existen cifras oficiales actualizadas sobre cuántos centros operativos permanecen inhabilitados, informes recientes confirman que muchas UPC siguen cerradas o en condiciones críticas, especialmente en Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y Guayas

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“La comunidad puede ser un aliado clave. El líder barrial conoce las necesidades de la Policía en su sector y puede canalizar la ayuda de empresarios y comerciantes. Algunos donan productos para el mantenimiento vehicular, otros aportan con neumáticos o recursos económicos”, explica Gustavo Rivadeneira, gestor de Seguridad de Guayaquil.

Mario Segovia, excomandante de la Policía Nacional, también subraya la importancia de una presencia policial constante: “Si la policía no hace presencia en la comunidad, la violencia continuará; seguirán matándose entre ellos. Los policías deben estar en las calles de forma permanente (...).”

Hugo Unda, exministro de Defensa, coincide: “El fortalecimiento de la seguridad empieza por la educación y preparación de cada tropa. La inversión debe ser integral y sostenida”. En un contexto adverso, la Policía Nacional ha optado por no esperar. Se reconstruye desde adentro, con lo que tiene, con lo que consigue y con el respaldo de quienes aún creen que la seguridad es una tarea compartida.

Durán, a la espera de un centro policial digno y funcional

Mientras algunas unidades policiales avanzan en procesos de modernización, otras permanecen atrapadas en el abandono. El Distrito Durán, en la provincia del Guayas, representa uno de los casos más críticos. Esta jurisdicción, que abarca sectores como El Recreo, Cerro Las Cabras y la ciudadela Primavera, ha registrado más de 400 muertes violentas en lo que va del año. 

Pese a la gravedad del escenario, muchas de sus Unidades de Policía Comunitaria (UPC) están cerradas o funcionan en condiciones precarias, sin servicios básicos como agua potable, conexión a internet o mantenimiento estructural. 

Considerado uno de los centros policiales más antiguos del país, su infraestructura está colapsada: oficinas inutilizables, baños inoperativos y patrulleros fuera de servicio. “Los agentes desempeñan sus funciones en condiciones mínimas, sin equipos de protección adecuados y con turnos extendidos debido a la escasez de personal”, sostiene el alto mando policial. 

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La comunidad denuncia que la respuesta ante emergencias es lenta y que amplias zonas del cantón carecen prácticamente de presencia policial. Durán se ha convertido, además, en un punto estratégico para el crimen organizado, lo que agrava aún más la situación. 

“Aquí los policías hacen milagros con lo poco que tienen”, afirma la dirigente barrial Angie Cevallos. A esta realidad se suma la crítica situación de movilidad: patrulleros con neumáticos desgastados, sin mantenimiento y con sistemas de comunicación obsoletos.

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