Traslado de la Policía a Guayaquil: sin estrategia clara, ¿solo un golpe psicológico?

Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y epicentro de una creciente ola de violencia, se convirtió desde el 13 de junio de 2025 en la nueva sede temporal del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Comandancia General de la Policía Nacional. La medida fue oficializada con el Decreto Ejecutivo N.º 28, firmado por el presidente Daniel Noboa, como respuesta a la alarmante escalada de homicidios, secuestros y extorsiones que azotan a la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).

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En el primer trimestre de 2025, Ecuador registró 2.361 muertes violentas, muchas de ellas concentradas en la provincia del Guayas. Según cifras de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 11 de mayo se contabilizaron 1.355 homicidios en esa zona, una cifra significativamente superior a los 759 casos reportados en el mismo periodo de 2024. 

¿Qué busca esta medida?

De acuerdo con el Gobierno, el objetivo del traslado es fortalecer la planificación y ejecución de operaciones estratégicas desde el territorio más afectado. “La idea es tener una respuesta más inmediata y efectiva desde el corazón del conflicto”, explicó la vocera oficial Carolina Jaramillo. 

El traslado implica coordinación directa entre mandos policiales y militares, despliegue de equipos de inteligencia y análisis de datos, refuerzo logístico y humano en zonas críticas y supervisión política directa sobre jueces y fiscales que liberen a sospechosos peligrosos. 

Aunque la medida ha sido bien recibida por sectores ciudadanos, también ha generado dudas sobre su sostenibilidad. Se trata de una acción temporal, sin una fecha definida de reversión, en un contexto donde el país continúa bajo conflicto armado interno y estado de excepción en siete provincias. 

Para el experto en seguridad Daniel Pontón, el traslado responde más a un gesto simbólico que a una solución estructural. “Personalmente no le veo muchas luces, más allá de que los cuerpos legales aprobados recientemente en la Asamblea puedan marcarse como un hito. El problema del Gobierno es que no ha fortalecido la parte estratégica, y eso es lo que mucha gente espera con urgencia: una gran estrategia nacional”, señaló. 

Una mirada técnica y táctica al traslado del mando policial

Desde el punto de vista técnico, se destaca que los comandantes pueden identificar y resolver de inmediato problemas de recursos y logística. En lo táctico, se concentran esfuerzos en “zonas calientes” mediante operativos focalizados. En lo anímico, la presencia de altos mandos motiva a los uniformados en terreno. Y en lo político, se busca presionar al sistema judicial para evitar la impunidad. 

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Una estrategia similar se aplicó en Manta en 2024, con resultados mixtos. Aunque se logró una reducción temporal de homicidios, la violencia repuntó meses después. “El traslado del mando es útil, pero no suficiente si no se acompaña de una estrategia nacional de seguridad ciudadana y política criminal”, manifestó Mario Segovia, excomandante de la Policía Nacional, quien también subrayó la necesidad de dimensionar correctamente la infraestructura policial. 

“Si Guayaquil tiene tres millones de habitantes, necesita al menos 600 Unidades de Policía Comunitaria (UPC). ¿Por qué no disminuye la violencia? Porque los policías están escondidos. Tienen que salir a la calle, especialmente en las provincias más difíciles. Deben revestirse de patriotismo, valentía y profesionalismo, y estar presentes para evitar que los delincuentes se maten entre ellos”, concluyó.

Con él coincide Ramiro Mantilla, excomandante de la Policía Nacional y director del Instituto Internacional de Estudios de Seguridad Global (Iniseg), al reconocer que los resultados a corto plazo serán favorables con el desafío de ser sostenibles en el tiempo. “Pienso que esta estrategia puede dar resultados a corto plazo. Sin embargo, es necesario que esté acompañada de un enfoque integral, de un trabajo coordinado con otras instituciones del Estado, y no dejar toda la responsabilidad únicamente a la Policía y a las Fuerzas Armadas”, analizó. 

Por su parte, Euclides Mantilla, exgeneral de la Policía, sostiene que los comandantes que actualmente operan en Guayaquil y en la Zona 8 conocen bien la problemática del territorio. “Lo único que necesitan es el apoyo institucional, el respaldo del Gobierno en todas las áreas”, recalcó. 

Las Fuerzas Armadas deben operar las 24 horas, al igual que la Policía, organizadas en turnos y con grupos de trabajo que permitan una cobertura continua sin interrupciones. “Esta acción completa ayudaría, en gran manera, en la efectividad y en el control completo de armas, municiones y explosivos, argumentó. 

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