El Registro de Violadores se traba en la Asamblea
No hay una entidad que quiera encargarse de administrar el Registro.
El proyecto de ley para la creación del Registro Nacional de Violadores, Abusadores, Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes encontró un tropiezo. No hay una entidad que quiera hacerse cargo de elaborar y administrar el registro. La propuesta plantea que sea el Ministerio del Interior el encargado del padrón de los abusadores.
Durante el debate surgieron varias propuestas sobre este tema. Se discutió, por ejemplo, que Interior, el Consejo de la Judicatura o el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) sean los encargados de la administración del registro.
La Comisión de Justicia lleva adelante un proceso de socialización del proyecto previo a la elaboración del informe para segundo debate en el Pleno. En ese contexto recibió las observaciones del Ministerio del Interior, Consejo de la Judicatura y la Cancillería.
Diego Tipán y Juan Loaiza, subsecretarios del Ministerio del Interior, explicaron que este organismo únicamente tiene un registro policial. Es decir, sobre detenciones, pero que la información sobre personas con sentencia condenatoria la posee el Consejo de la Judicatura, organismo que, para ellos, debería administrar el registro.
Además, señalaron que en materia migratoria tienen coordinación con la Cancillería, a fin de monitorear a personas que ingresan al país y tienen antecedentes penales por violación a niños y adolescentes, para prevenir posibles casos de agresión sexual.
Andrea Balseca, subdirectora nacional de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, advirtió que este organismo no está en capacidad de administrar el registro, argumentando que la información que posee en este momento contiene nombres, cédula y domicilio. No cuenta, sin embargo, con el número de años de la condena.
Sostuvo que esa información actualizada la tiene el SNAI, por lo que sugirió que ese organismo sea el que administre el gran padrón. Ahí reposan datos como los traslados a otros centros, domicilio actualizado, huellas dactilares y edad.
La funcionaria informó que en lo que va del año, han ingresado 500 causas por abuso a la integridad sexual a niños, niñas y adolescentes. En total, se han sustanciado 4.696 casos.
En tanto, Carlos Velasteguí, delegado de la Cancillería, manifestó que si bien el registro de antecedentes penales no es competencia de su entidad, ha suscrito convenios de cooperación con otros países para el control del ingreso de extranjeros, a fin de generar alertas migratorias.
Ante estas declaraciones, a la legisladora Lourdes Cuesta (Independiente), autora del proyecto, le preocupa que el proyecto no pueda funcionar porque las entidades que tienen información sobre la temáticas no asumen la responsabilidad de administrar el registro. “No puede ser que la protección de niños, niñas y adolescentes dependa de un sistema informático”, sentenció.