Abogados Raza, Angulo y Jerves
Abogados Raza, Angulo y Jerves presentaron el  pedido  la secretaría de la Corte Constitucional.Ángelo Chamba

Recurso legal busca revisar el porte de armas

El 1 de abril, Guillermo Lasso autorizó el porte y tenencia de armas por decreto

Los juristas Stalin Raza, Pedro Jerves, Miguel Ángel Angulo, Daniel Yela, Estefanía Garzón, Paúl Ocaña,entre otros, por sus propios derechos presentaron una acción de inconstitucionalidad al decreto 707, que que autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal, ante la Corte Constitucional.

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“Creemos que esto va a contribuir de sobremanera a los eventos violentos que están pasando y sobre todo lo que lo que sabemos es que esto no va a mejorar en lo absoluto”, señala el abogado Miguel Ángel Angulo.

Esta medida busca demostrar que le gobierno está vulnerando derechos, como el de la seguridad y a vivir en paz. El gobierno en lugar de asumir su responsabilidad de brindar seguridad ciudadana, la endosa a la ciudadanía, explican.

Una vez ingresada la documentación, se espera que la Corte los llame a declarar para sustentar su pedido, mientras como medida cautelar, el decreto presidencial debe quedar suspendido hasta que en ente de justicia resuelva la acción solicitada. Es decir, “no se pueden continuar con los trámites de otorgamiento de permisos mientras la Corte no se pronuncie”, señala Raza.

Detallan que este proceso puede demorar de uno a tres años por la vía normal pero se espera que la Corte le de prioridad.

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A juicio de los solicitantes, lo primordial es que la policía reciba capacitación constante, en lugar de armar a la ciudadanía. “cómo nosotros podemos otorgarle esta facultad a la ciudadanía para que porte armas si la propia policía y los propios miembros de las Fuerzas Armadas no tienen claro, cuándo y cómo actuar bajo la estructura del legítima defensa” señala Jerves.

Por su parte, el Concejal Andrés Campaña anunció por redes sociales que presentará una acción en la Corte Constitucional, argumentando que el decreto 707, vulnera derechos internacionales y pretende que la ciudadanía haga frente a la delincuencia, a pesar de ser una responsabilidad del Estado.