La dolarización tiene dos adversarios implacables: el Gobierno, con su afán desmesurado de gasto, y el Banco Central que, como institución, no acepta haber sido emasculado de su potestad de crear dinero sin valor.

La dolarización no es un sistema cambiario. Es un régimen monetario que obliga a vivir dentro de los límites impuestos por la existencia de dólares - más los recursos del crédito que se originan en el ahorro interno y externo. Una forma de interpretar la dolarización es concebirla como una chequera, en la cual los depósitos (por exportaciones y captaciones de capital) incrementan, y los cheques y retiros (por importaciones y gasto) bajan, el saldo disponible. El crédito, entonces, es equivalente a una especie de sobregiro, o en el mejor de los casos, a una línea de crédito, que debe ser cubierto en plazo perentorio, con los intereses correspondientes.

El Gobierno, cuya chequera está en rojo, busca apoderarse de recursos ajenos (a través de los impuestos) y pretende imponer el pago con cheques sin fondo por los servicios demandados. El dinero electrónico emitido por el Banco Central sin respaldo alguno es, adicionalmente, el medio cuyo uso se quiere generalizar para pagar las obligaciones y, al hacerlo, absorber los dólares reales del público, entregando a cambio un saldo telefónico que, en un mundo de “hackers”, hace que el trabajo de los amigos de lo ajeno sea tanto más sencillo y fructífero.

El modelo de gasto superfluo se sustentó hasta 2012 y no obstante que el petróleo se continuó cotizando alrededor de los $100 el barril hasta mediados de 2014, fue necesario recurrir al crédito oneroso para alimentar el opíparo consumo y las inversiones de las que tanto se ufana el Gobierno. A partir de 2013 la mayor contribución adicional a los ingresos del sector público se originó en dicho endeudamiento agresivo, que es la peor clase de política fiscal que se pueda concebir. Este elenco es hoy complementado por los préstamos, con dinero ajeno, del Banco Central; por la búsqueda incesante de créditos directos y emisión de bonos a las más altas tasas de interés demandadas por el mercado; y por el dinero electrónico que, contrariando las virtudes de la época en que brillan tales medios de pagos, nace acá con pésima reputación.

La dolarización actúa como un “firewall” contra la contaminación sistémica originada en el Gobierno y el Banco Central. Es efectiva contra la inflación, pero ajusta la economía por la vía del empleo, de los ingresos y de la producción. Es paradójico que, por tratarse de ajustes “anónimos”, su percepción por parte del público es velada, y ello, a su vez, provee un escudo de defensa política al propio Gobierno.

Entonces ¿a dónde va la dolarización? La respuesta corta es que con un gobierno como el actual: a ninguna parte. La línea de defensa de la dolarización es su aceptación multitudinaria por la sociedad. Vista esa circunstancia, el Gobierno con sus artimañas y su invariable afán de gasto y boato, prefiere debilitarla y constituirla en camisa de fuerza antes de darle el toque final y exponerse a las consecuencias de volver a la moneda local: soberana en apariencia, pero rechazada por los usuarios que rehúsan ser timados.