La Comisión ‘Quito Honesto’, que acompañó el proceso de contratación de las 100.000 pruebas PCR efectuado por la Secretaría de Salud del Municipio capitalino, defendió la legalidad del proceso.

La Fiscalía inició una investigación por un posible sobreprecio en la compra de las pruebas para coronavirus, COVID-19. El miércoles el secretario de Salud Lenín Mantilla fue separado del cargo, mientras la Fiscalía efectuó cinco allanamientos para recopilar indicios del posible delito.

En un comunicado, ‘Quito Honesto’ señaló que después del análisis correspondiente se emitió un informe técnico que concluyó que la Secretaría de Salud cumplió con el procedimiento establecido en la Ley de Contratación Pública.

Dice que tras presentarse tres ofertas, la entidad suscribió el contrato con el único oferente que cumplió con las especificaciones técnicas establecidas y que se constató que la empresa adjudicada estaba inscrita en el Registro Único de Proveedores.

Esa instancia municipal reiteró que desde el inicio de la emergencia sanitaria ha monitoreado 49 procesos de contratación realizados por 14 entidades municipales y acompaña a seis entidades más que todavía se encuentran desarrollando contrataciones emergentes.

Ayer por la tarde, Diego Salazar se presentó en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía para dar su versión. Aseguró que su departamento fue allanado por la Fiscalía mientras él estaba en su trabajo en la Secretaría de Salud.

Salazar fue el presidente de la comisión que revisó la documentación habilitante de las pruebas PCR. Dijo que acudió para dar una versión en el caso. 

Freddy Ron, su abogado, indicó que aclararán que no existe ningún tipo de delito y que la contratación fue realizada debidamente.