Prohibición de salida del país y presentación periódica para vocales del Consejo
El conjuez de la Corte Nacional Javier de la Cadena consideró que la medida solicitada por la Fiscalía fue exagerada
El conjuez Javier de la Cadena no dictó la prisión preventiva que solicitó la fiscal Diana Salazar en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo, investigados por el presunto delito de tráfico de influencias.
Morillo y Barreno, junto con el juez Wladimir Jhaya, expresidente de la Corte de Pichincha, recibieron cargos por el presunto delito durante la audiencia de formulación de cargos que se realizó en el mezanine de la Corte Nacional de Justicia desde las 08:40 de este miércoles 7 de junio de 2023.
Para el conjuez a medida solicitada por la Fiscalía fue exagerada. Para los tres investigados dispuso la prohibición de salida del país y presentación periódica cada ocho días en la sala de la Corte.
La instrucción fiscal demorará 80 días calendario indicó el judicial. En ese tiempo la Fiscalía deberá reunir los elementos de convicción para demostrar que los investigados ejercieron influencia en el presidente de la Corte de Pichincha Gustavo Osejo para que resuelva una acción de protección en beneficio de la expresidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori para evitar que se concrete la destitución de la que fue objeto.
#ACTUALIZACIÓN | Juez de la @CorteNacional dispone presentación semanal ante la autoridad y prohibición de salida del país para los vocales del @CJudicaturaEc, Maribel B. y Juan José M., y para el juez provincial Vladimir J. La instrucción fiscal durará de 80 días.1 pic.twitter.com/EgCptNPqCM
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 8, 2023
Se dispuso además la prohibición de enajenar cuentas por hasta 5.100 dólares que servirán para el pago de multas y reparaciones. Una de los principales elementos de convicción de la Fiscalía es el testimonio jurado de la jueza de la Corte de Pichincha Maritza Romero quien grabó la reunión que se realizó el 2 de junio de 2022 en la que se habría cometido el presunto delito. Acción que según Julio Vasco, abogado de Juan José Morillo, habría sido planificada.
Él cuestionó que Romero era una de las personas investigadas en el caso. En un allanamiento efectuado al domicilio de la jueza se le incautaron dispositivos electrónicos que incluyeron uno que ella habría ocultado en uno de sus bolsillos. A Vasco le llamó la atención que extrañamente a pesar de la incautación de dispositivos varios meses después la funcionaria habría hecho llegar a la Fiscalía un dispositivo en el que se encontraron cinco audios, uno de ellos era la grabación de la reunión en la que ella también participó.
