La causa que se inició en contra de una presunta red delictiva, entre las que constaban exfuncionarios de Salud Pública, por el presunto delito de delincuencia organizada para la venta del medicamento Actemra, donado durante la emergencia sanitaria que se decretó en 2020, por la COVID-19, toma dos vías judiciales.

La jueza Marcela Ortega, de la Unidad Judicial Penal Sur Valdivia de Guayaquil, remitió el proceso a la Sala de Sorteo luego de la decisión que tomó en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, desarrollada el pasado 20 de mayo.

Por un lado, dictó sobreseimiento a favor de Álvaro Gabriel Ponce Almazán, exgerente del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil, quien también se desempeñó como gobernador del Guayas. La juzgadora consideró que los elementos que han sido recabados y alegados por el agente fiscal que investigó el caso, “no son suficientes para asumir su responsabilidad o participación en la actuación del grupo criminal investigado”. 

Segú la jueza, "el único elemento que lo vincula a los sucesos es el haber sugerido de manera verbal, en condición de préstamo, la entrega de la medicina, como tampoco existe evidencia que demuestre que el señor Ponce Almazán haya participado en la materialización de la entrega de los insumos (...)".

Destacó que los elementos acopiados en contra de Ponce, como son el parte de aprehensión y el informe de reporte tributario no son suficientes ni adecuados para demostrar que "haya tenido el conocimiento de la existencia de la actividad delictiva, ni del grupo delictivo, ni de la finalidad de éste, como tampoco del desvío de la medicina tocilizumab (actemra) hacia fines distintos a los que le fueron solicitados". Ortega consideró que, en el caso de Ponce, escapó a su plena conciencia y voluntad la perpetración del delito investigado, no pudiendo por tales motivos ser considerado autor o cómplice, apartándose con ello del dictamen acusatorio que presentó el fiscal César Suárez, quien investigó el caso. El funcionario presentó un recurso de apelación que ya está en manos de jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, para analizar el sobreseimiento al exgerente del Hospital Guasmo Sur, lo que además generó que se levanten todas las medidas reales y cautelares que se dictaron en su contra. 

Mientras, otros seis procesados fueron llamados a juicio. Dos de ellos en el grado de autores directos del delito: Abraham David Muñoz Vélez y Noé Salcedo Bonilla, exentrenador personal y hermano, respectivamente, de Daniel Salcedo Bonilla, investigado y sentenciado por delitos derivados de presunta corrupción en hospitales públicos y de la red del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El caso ya está en conocimiento del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil, para el juzgamiento de los seis procesados, quienes fueron investigados tras varias denuncias que apuntaban principalmente a Abraham Muñoz y funcionarios del Hospital del Guasmo, en la venta del medicamente Actemra. Una de las denuncias que se dieron a conocer por redes sociales fue de la psiquiatra Julieta Sagñay Vera, quien, el 24 de marzo de 2020 se encontraba en el hospital del IESS de Milagro, con un cuadro de la COVID-19 y no encontraba medicación. "(…) Mi hermano toma contacto con el señor Abraham Muñoz, quien solicita mil doscientos dólares por las ampollas, mientras que otro familiar logra comprar las últimas ampollas directamente al laboratorio por seiscientos cincuenta dólares (…)". Al compartir el número de Muñoz con otros familiares y amigos, estos le indicaron que el hombre les pedía más dinero. De las versiones que existen dentro de la investigación, se señala a Muñoz como la persona que retiró medicamento en la mencionada casa de salud, hasta con una receta falsificada; y, junto con Noé Salcedo eran los que despachaban y transportaban la medicina.