Armas
En la consulta se aprobó permitir que las armas y municiones que fueron parte de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.CORTESÍA

Hoja de ruta para plasmar las reformas de la consulta popular

Un plan de trabajo para tratar las reformas de la consulta se pondrá a consideración de la Comisión Multipartidista

Hay dos plazos que los legisladores deben tener en cuenta para tramitar las reformas respecto a los resultados de la consulta popular y referéndum del 21 de abril: 60 días para debatir y aprobar las reformas, tiempo establecido en los anexos de las preguntas sometidas al voto popular, que corren desde que el Ejecutivo envió los proyectos de ley a la Asamblea Nacional, el 13 de mayo; y los 45 días que aprobó el Pleno del Legislativo cuando conformó la Comisión Multipartidista con cinco integrantes, el 21 de mayo.

Son cuatro proyectos reformatorios sobre el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y uno sobre la Ley de Extinción de Dominio.

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Carlos Vera Mora, del Partido Social Cristiano (PSC), preside la Comisión. Dijo que la primera sesión ordinaria está prevista para el 28 de mayo, de forma presencial, y se realizará después de la sesión del Pleno porque esta tiene carácter prioritario ante cualquier Comisión.

Vera alista un plan de trabajo para que sea observado, se hagan inclusiones o exclusiones. “Cuando ya esté el texto definitivo, que debe ser prolijo por el tiempo que tenemos frente a la norma, aspiro a que la hoja de ruta sea aprobada a la brevedad posible”, señaló.

El plan prevé ciertos ejes de tratamiento, según el legislador: la participación de las Fuerzas Armadas para efectos del control en el interior del país, la extinción de bienes producto del narcotráfico, la extradición, la participación de los jueces y fiscales en la lucha contra la delincuencia organizada.

No vamos a cambiar absolutamente nada, lo que vamos a hacer es facilitar lo expresado por el pueblo en la consulta para su aplicación”, aseguró. En lo secundario estará lo referente a la ejecución de la administración de justicia, como el endurecimiento de penas, que debe ir modulado a partir de lo principal, acotó.

Patricia Mendoza, integrante de la Comisión por la Revolución Ciudadana, criticó que no se haya convocado antes en vista de que deben elaborar los informes para primer y segundo debate: “El tiempo que el Pleno nos dio para entregar el producto realmente es muy corto, hasta el martes habremos perdido siete días”.

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La Comisión puede pedir una prórroga pero eso sería incumplir el mandato popular y constitucional, cuya consecuencia podría recaer para toda la Asamblea. Para evitar eso, Mendoza solicitará que se trabaje de forma maratónica. 

Envió un correo a Vera para que solicite el “Proyecto de Ley Reformatoria que atiende las Preguntas de la Consulta Popular y Evita el Desperdicio del Dinero Ecuatoriano”, que fue remitido anteriormente por el Consejo de Administración Legislativa a la Comisión de Seguridad. Considera que podría servir como un punto de partida para el análisis y no generaría mayores cambios.

Lucía Posso, vicepresidenta de la Comisión y legisladora de Avanza, justificó que no sesionaron antes para establecer el mecanismo de trabajo por los preparativos del Informe a la Nación que se efectuó el viernes en la Asamblea. Cree que lo primordial es definir si los proyectos se tratarán de manera individual o en conjunto.

“Debemos analizar única y exclusivamente la temática concerniente a la consulta popular y referéndum. También tengo varios proyectos de ley presentados y no porque soy miembro de la Comisión debo aprovechar para incorporar. Este no es el espacio”, reaccionó ante la intención de Mendoza.

Es partidaria de que la Comisión se declare en sesión permanente para tramitar las reformas de manera adecuada dentro de los plazos establecidos. También es optimista, proyecta que en 25 días podrían terminar el tratamiento de las reformas.

Marcelo Espinel, representante del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, resaltó que el trabajo de la Comisión debe ceñirse de forma irrestricta a los anexos de las preguntas. De lo contrario, si se extralimita en sus funciones y va más allá de la voluntad popular, puede ser susceptible de ser determinado como inconstitucional por parte de la Corte Constitucional.

Por eso el Pleno debe controlar esa limitación, añadió. Además, dijo que tras la aprobación el Ejecutivo tiene la potestad de vetar parcialmente las leyes. El escenario aún es incierto y cabe esperar el contenido de lo que se apruebe para proyectar si las reformas funcionarán en la práctica, concluyó el jurista.

VOCES

"El plan de trabajo yo lo voy a plantear. Los ejes previstos: la lucha contra la delincuencia organizada y la lucha contra la inseguridad", Carlos Vera Mora, presidente de la Comisión Multipartidita.

"Propondré que hagamos el pedido de consolidar los cinco informes (proyectos), para un mejor tratamiento de los mismos", Lucía Posso Naranjo, vicepresidenta de la Comisión.

"Hay algunos proyectos de ley, entre esos el mío, que tratan sobre lo mismo, no generarán mayores cambios si se revisan esos proyectos", Patricia Mendoza, integrante de la Comisión.

45 DÍAS

Es el plazo que tenía la Comisión para analizar los cinco proyectos de ley, contados desde el 21 de mayo de este año. El tiempo se reduce.

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