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Diario Expreso Ecuador

Caso progen

John Manning, CEO de Progen, buscó a Roberto Luque para eludir el control técnico de Celec

Las gestiones del contratista buscaban concretar el primer pago de $ 69,5 millones en septiembre de 2024. La idea era evitar la entrega de documentos técnicos

Viaje. En mayo de 2024, el ministro Roberto Luque viajó por invitación de Karla Saud a las instalaciones de Progen y se reunió con el CEO de Progen, John Manning.

Viaje. En mayo de 2024, el ministro Roberto Luque viajó por invitación de Karla Saud a las instalaciones de Progen y se reunió con el CEO de Progen, John Manning.Cortesía

Sara Ortiz
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Lo que debes saber

  • Un chat dirigido a Roberto Luque evidencia que el CEO de Progen buscó agilizar $69,5 millones sin garantías técnicas, en septiembre de 2024.
  • Técnicos exigieron pruebas FAT para evitar recibir chatarra, desatando una fuerte discusión con Progen.
  • Tras las quejas de la contratista, el conflicto escaló a Carondelet y el pago se ejecutó el 1 de octubre.

Un mensaje de Whatsapp al que tuvo acceso este Diario evidencia la gestión del máximo ejecutivo de la empresa Progen para acelerar el primer desembolso de $ 69,5 millones, sin garantías, por el contrato de la central termoeléctrica Salitral (100 MW).

Los hechos se remontan a septiembre de 2024, época en la que Roberto Luque ya no ejercía como ministro (e) de Energía. De hecho, dejó el cargo dos meses antes, en junio, cuando asumió el que fuera su asesor, Antonio Gonçalves.

Chat para quejarse del control de Celec

La noche del 25 de septiembre de 2024, tras una reunión virtual con técnicos de la Unidad de Negocios Termopichincha de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), el CEO de Progen, John B. Manning, redactó un extenso mensaje que, que según él, iba dirigido a Roberto Luque.

“Buenas noches, Roberto. Espero que todo esté bien contigo y los tuyos. Me disculpo de antemano por la extensión de este texto. No estoy exactamente seguro de si contactarte sea lo más sensato que deba hacer en este momento, pero creo que tal vez quieras saber lo que ha estado ocurriendo en las últimas dos semanas respecto a las inspecciones de los generadores del proyecto Salitral y lo que acaba de suceder esta noche durante una reunión con Byron (Orozco) y una nueva persona llamada José Vega”, escribió.

En esa comunicación, el ejecutivo expuso su malestar por los controles de Celec. Según él, las exigencias de “nueva documentación” constituían “interrupciones infundadas que no están motivadas por la buena fe” y tenían como único propósito “entorpecer el proyecto”.

Tensión tras una reunión del 25 de septiembre de 2024

La queja de Progen se dio luego la caldeada reunión telemática mantenida esa misma noche. Según testimonios de varios participantes, el encuentro ocurrió a solicitud de Progen, que había sido contactada por el jefe de la comisión de verificación, Celso Sánchez. Este técnico había solicitado al administrador del contrato la entrega formal de documentación técnica antes de entregar el informe y dar un aval.

En la sesión virtual participaron, por parte de Celec, Byron Orozco, gerente de Termopichincha; Gabriela Toazo y Carlos Villacís, técnicos del área; Marlon Casilla, administrador del contrato, y Jorge Vega, en calidad de traductor (a quien Manning confundió en su chat con “José Vega”). En cambio, por parte de la contratista asistieron Manning, José Manrique y Karla Saud.

Durante el encuentro, los técnicos de Celec mantuvieron la obligatoriedad de contar con los respaldos de las pruebas de carga de fábrica (pruebas FAT) de los equipos. Estos ensayos resultaban cruciales, pues permitían medir la potencia máxima, la estabilidad de voltaje y la seguridad de los generadores antes del despacho; es decir, eran los únicos documentos que confirmaban si los equipos funcionaban o si el Estado estaba a punto de recibir “chatarra”. Para Celec, esos informes constituían el requisito indispensable para firmar el acta de inspección y autorizar el pago de los $ 69,5 millones.

“Se pedían las pruebas FAT, una patente y otros requerimientos para el pago. Se empezaron a exaltar, hubo una discusión porque Progen decía que no estaba de acuerdo con esos requerimientos, pero cualquier empresa seria habría tenido esa documentación lista”, recordó, bajo reserva, uno de los técnicos presentes.

La firmeza técnica molestó a la delegación de Progen, que no solo acusó a los funcionarios de “poner trabas”, sino que Karla Saud, según testigos, aseguró que tales exigencias jugaban en contra de la administración del presidente Daniel Noboa, en momentos en que el país atravesaba severos racionamientos eléctricos de hasta 12 horas diarias.

La controversia escala a la Presidencia

Las quejas surtieron efecto inmediato en la alta burocracia. Técnicos de Celec aseguran que asesores del Ministerio de Energía los citaron a una reunión virtual el 27 de septiembre de 2024, en la que solicitaron un informe detallado sobre el estado de los contratos. Era un pedido con carácter urgente pues había una reunión prevista ese mismo día en la Presidencia de la República. Aunque para ese entonces ya habían rumores sobre los equipos de Progen, no está claro si en dicha reunión se destrabó el pago. Lo que sí se sabe es que el 1 de octubre Progen recibió $ 69,5 millones.

  • Contrastación. EXPRESO buscó al ministro Roberto Luque a través de un correo enviado el 23 de julio a su abogado Anibal Quinde, pero no respondió.

Amenazas a los técnicos en septiembre de 2024

En los mismos días en que Progen presionaba por el millonario pago eludiendo la entrega de documentos técnicos ocurrieron dos hechos extraños que hasta ahora no han sido aclarados. El 26 de septiembre de 2024, el técnico Paúl Flores, uno de los miembros de la comisión que viajó a Estados Unidos para verificar los equipos de la contratista, recibió una amenaza de muerte. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado. Un día después, el 27 de septiembre, otro técnico, Celso Sánchez, desapareció de forma intempestiva. No se presentó en la oficina. El suceso ocurrió el mismo día previsto para la reunión en la Presidencia de la República y en la fecha límite fijada para la entrega del informe clave de inspección.

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