Asociación Ecuatoriana de Constitucionalistas

Hay expresiones que, de repetirse tanto, corren el riesgo de perder importancia y pasar desapercibidas, y una de ellas es la ‘independencia judicial’. Se la invoca en discursos, en sentencias; se la promete con vehemencia cada vez que el inefable Consejo de Participación Ciudadana nombra a los nuevos miembros de la judicatura. Pero, en la práctica, seguimos sin ella.

Este fenómeno de la falta de independencia judicial no es exclusivo de Ecuador, pues en buena parte de América Latina atraviesa hoy uno de sus momentos más oscuros y frágiles: jueces removidos por decisiones incómodas, cortes constitucionales cuestionadas en su legitimidad y reformas que erosionan las garantías bajo el pretexto de la eficiencia o de la emergencia. La tendencia es regional y exige ser comprendida con rigor y no solo denunciada con indignación.

Una cita regional

Por ello, celebro que la Asociación Ecuatoriana de Constitucionalistas (AEC) ponga sobre la mesa un tema tan urgente en nuestro país en su Primer Congreso (29 y 30 de julio), bajo un título que no podría ser más oportuno: Independencia Judicial y Constitucionalismo en América Latina.

La cita regional reunirá a jueces, magistrados, académicos y litigantes, ya que es un tema que nos incumbe a todos: ¿dónde queda la independencia judicial cuando los llamados a preservarla no lo hacen?

Espacios como estos importan porque el constitucionalismo latinoamericano, tan generoso en su catálogo de derechos, sigue siendo, en la práctica, una carta vulnerada por los mismos ciclos de crisis política que sacuden a la región, y esa vulnerabilidad no se corrige con más artículos o más sanciones, sino con voces críticas y académicas capaces de sostener un debate sobre la constante vulneración de nuestros derechos humanos y garantías constitucionales.

Que la AEC convoque a su primer congreso es una afirmación de que los derechos constitucionales ecuatorianos no pueden reducirse a un ejercicio técnico desprovisto de compromiso, pues la independencia judicial no es un gesto corporativo; es una garantía constitucional que todos debemos exigir y defender.