Comisión de Justicia analiza cambios a la Escuela Judicial y surgen alertas por la reforma

La Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional continuó este miércoles 22 de julio el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Durante la sesión 108, el organismo escuchó los aportes del constitucionalista Andrés Martínez, profesor titular del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, sobre el eje que plantea transformar la Escuela de la Función Judicial.

La presidenta de la comisión, Rosa Torres Cadena, informó que el primer punto del orden del día, previsto para conocer la propuesta del asambleísta Mario Zambrano Vera sobre delitos de violencia digital, no pudo desarrollarse debido a que el legislador justificó su ausencia por compromisos inherentes a sus funciones legislativas.

En su exposición, Martínez centró sus observaciones en la propuesta de reforma a la Escuela de la Función Judicial. A su criterio, el proyecto modifica el rol de esa institución y podría invadir competencias de las universidades al convertirla en un espacio de formación académica, cuando su función debería ser complementar la preparación práctica de jueces, fiscales y defensores públicos.

Reforma a la Escuela Judicial genera observaciones técnicas

El experto sostuvo que uno de los principales problemas del texto es la incorporación de requisitos que no constan en la Constitución ni en el Código Orgánico de la Función Judicial para acceder a la carrera judicial. "No se podría colocar un requisito de ingreso que no consta en la norma. Imagínense, se estaría poniendo un requisito de ingreso que no consta en la norma, lo cual acarrearía una inconstitucionalidad", advirtió durante su comparecencia.

Martínez también cuestionó la posibilidad de exigir una maestría impartida por la propia Escuela Judicial como condición para ingresar a la Función Judicial. Explicó que esa disposición podría crear un monopolio académico y limitar el acceso a quienes aspiren a desempeñarse como jueces, fiscales o defensores públicos.

Además, alertó que la propuesta incrementaría la estructura administrativa del Estado al requerir más personal y recursos sin identificar una fuente de financiamiento. "Toda norma que crea una obligación financiada con recursos públicos debe establecer la fuente de financiamiento correspondiente", recordó al citar el artículo 287 de la Constitución.

Experto propone fortalecer la capacitación sin reemplazar a las universidades

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido al perfil de quien dirigiría la Escuela de la Función Judicial. Martínez consideró que esa autoridad debe contar con experiencia académica y en gestión universitaria para garantizar una adecuada formación de los operadores de justicia y coordinar programas especializados.

El académico planteó que la Escuela Judicial establezca convenios con universidades para aprovechar docentes especializados y desarrollar procesos de capacitación continua, en lugar de asumir toda la formación. También criticó que el proyecto incluya aspectos que, según dijo, deberían regularse mediante reglamentos y no incorporarse directamente en la ley.

Tras la intervención, el asambleísta Solmedo consultó cómo integrar a la academia con la Escuela Judicial y qué perfil debería tener su director. Martínez respondió que ambas instituciones deben trabajar de manera complementaria y reiteró que el responsable de la escuela debería acreditar experiencia en dirección académica.