Harold Burbano
Harold Burbano anuncia acciones legales por reestructuración en la Prefectura de Pichincha.Cortesía

Harold Burbano anuncia acciones legales contra Prefectura de Pichincha

Más de 2.200 servidores podrían verse afectados por la supresión de puestos en la Prefectura

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, cuestionó la reestructuración institucional de la Prefectura de Pichincha y anunció acciones inmediatas este 25 de marzo. A través de su cuenta en X, aseguró que la medida no sería técnica, sino política, y advirtió sobre posibles afectaciones a servidores públicos.

“Como Ministerio del Trabajo de forma inmediata: hemos solicitado información a la prefecta sobre las razones técnicas de la decisión”, escribió. Además, indicó que se pidió a la Contraloría General del Estado un examen especial sobre la gestión de recursos humanos de la institución.

Burbano también afirmó que se preparan acciones legales para defender a los trabajadores. “Se están preparando acciones legales para defender los derechos de los servidores. Se les acabó el juego”, expresó en su publicación, elevando el tono del conflicto institucional.

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El ministro sostuvo que la resolución no responde a criterios administrativos legítimos. “Esto no es un acto administrativo, es un acto político disfrazado de reestructuración que debe ser enfrentado con firmeza”, señaló en otro mensaje publicado en la misma red social.

Añadió que detrás de la decisión hay consecuencias humanas. “Lo más grave es que detrás de estas decisiones hay personas. Servidores públicos que no pueden seguir siendo tratados como piezas de ajuste político”, dijo, en referencia a la posible supresión de puestos.

En esa línea, Burbano acusó a la prefecta Paola Pabón de afectar a más de 2.200 trabajadores. Según el ministro, la medida pondría en riesgo el bienestar de las familias de quienes forman parte de la institución provincial.

Qué dice la resolución de la Prefectura de Pichincha

La resolución emitida por la Prefectura de Pichincha declara el inicio del proceso de reestructuración institucional. El documento señala que el objetivo es optimizar la estructura organizacional mediante la supresión o fusión de unidades, áreas o puestos.

Según el texto, la medida se sustenta en razones técnicas, funcionales y económicas, en cumplimiento de la normativa vigente sobre organización territorial y eficiencia del gasto público en gobiernos autónomos descentralizados.

El documento también dispone que las direcciones administrativas, financieras y de planificación elaboren informes técnicos y presupuestarios que respalden el proceso. Además, ordena la ejecución inmediata de acciones legales, técnicas y administrativas necesarias.

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En las disposiciones generales, la resolución establece que la Dirección de Talento Humano liderará el proceso de reestructuración institucional. También señala que se deberán ejecutar acciones para cumplir cabalmente con los objetivos planteados.

Asimismo, se indica que la implementación deberá generar un impacto presupuestario favorable, alineado con la sostenibilidad y eficiencia del gasto en la administración pública.

Finalmente, el documento incluye disposiciones derogatorias, entre ellas la eliminación de una resolución de 2014 relacionada con la contratación de asesores. También deja sin efecto cualquier normativa contraria a la nueva resolución administrativa.

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