De pronto una reforma legal sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que estaba a solo horas de entrar en vigencia, fue pospuesta por el Ejecutivo cuando menos, treinta días más, si acaso luego no cae en el archivo.

El veto parcial del Ejecutivo a las reformas a la ley de seguridad social aprobadas de manera unánime por la Asamblea Nacional en marzo pasado, que cambia la conformación del Consejo Directivo del IESS, obliga ahora a que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento, para lo cual tiene un plazo de treinta días.

Una vez que eso ocurra, el Legislativo deberá decidir, por más de 90 votos y dentro de un nuevo plazo de 30 días, si se allana al veto, cambia o mejora la reforma legal, o se ratifica en lo aprobado previamente.

Como publicara este Diario, el sábado 12 de abril, desde Miami el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea su objeción parcial “por inconstitucionalidad y por inconveniencia” a la Ley Reformatoria, de iniciativa ciudadana, a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

En el artículo 6 de la Ley Reformatoria, la Asamblea había aprobado cambios sobre la integración del Consejo Directivo del I (IESS). Se estableció que estará conformado por cinco miembros: un representante de los afiliados en relación de dependencia, otro de los afiliados sin relación de dependencia, uno de los jubilados, uno del Estado y otro de los empleadores.

Noboa alega que con ese artículo se viola la Constitución y los principios de igualdad, representatividad, financiación, sostenibilidad y no intervención. Por lo que pide que se dictamine su inconstitucionalidad.

El presidente argumenta que el Consejo Directivo del IESS, al ser el órgano de gobierno de la entidad, debe estar integrado por representantes de los tres sectores que intervienen en esta institución: el Estado, los asegurados (afiliados y jubilados) y empleadores. Es decir, tal como está integrado ahora. Alega que ningún sector debe tener preponderancia frente a otro.

El exlegislador y autor de la propuesta de iniciativa ciudadana, Henry Llanes, cuestionó la validez de esos argumentos y dijo confiar en que los juristas de la Corte Constitucional también los desestimarán. A su criterio, el Ejecutivo ha hecho una interpretación “forzada” o equivocada de algunos artículos constitucionales que sustentan su veto.

De todos modos, adelantó que enviará un oficio a la Corte con sus argumentos jurídicos para ‘poner a prueba’ el veto.

En tanto, la asambleísta Dallyana Passailaigue expresó a este Diario que la Asamblea debe esperar el pronunciamiento de la Corte para luego, a su vez, tratar los otros tres artículos vetados “por inconveniencia”.

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Dallyana Passailaigue: Se busca torpedear la vigencia de las reformas 

“Yo me pregunto inconveniente para quién, porque es un proyecto ciudadano, es conveniente para los trabajadores, los afiliados, los jubilados que buscan transparentar sus fondos y recibir los servicios”, expresa.

Hasta que la Corte Constitucional se pronuncie, la comisión legislativa de Derecho al Trabajo deberá analizar el veto para determinar si hay artículos que deben cambiarse o en cuáles la Asamblea debe ratificarse y así establecerlo en el nuevo informe que debe enviar al Pleno.

Para Passailaigue, “hay una clara intención de entorpecer la entrada en vigencia de esta ley, al buscar el pronunciamiento de la Corte Constitucional”.

Si bien habrá que esperar el dictamen de la Corte, el veto parcial deberá regresar a la Asamblea para ser tratado y allí se necesitarán 92 votos para ratificar la reforma.

“Pero esperamos que esta acción que ha tomado el presidente de enviar el veto a la Corte Constitucional no sea para que se caiga el tema y se la llegue a archivar. Es lo que tenemos que evitar”, advierte la asambleísta, quien recuerda que los Gobiernos de turno han tomado al IESS como una caja chica de cuyos fondos pueden disponer. 

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