Aquiles Álvarez: Cronología de su proceso judicial y la crisis en Guayaquil
Desde su captura el 10 de febrero, el alcalde enfrenta dos procesos penales y traslados que han marcado su situación política
La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, el 10 de febrero de 2026, marcó un punto de quiebre en su administración y abrió una etapa de inestabilidad política y judicial en el Municipio. Desde entonces, el proceso ha estado marcado por nuevas acusaciones, traslados carcelarios, audiencias diferidas y la continuidad de su gestión bajo subrogación.
La siguiente diligencia clave en su situación jurídica está prevista para el 30 de mayo de 2026, cuando se reinstale la audiencia de juicio del caso Triple A, en el que se investiga la presunta comercialización ilegal de combustibles.
10 de febrero: detención en el caso Goleada
La madrugada del 10 de febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado y la Policía ejecutaron un operativo simultáneo en Guayas y detuvieron a Álvarez junto a sus hermanos, en el marco del denominado caso Goleada, que investiga presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.
De acuerdo con la Fiscalía, el alcalde no portaba el grillete electrónico que debía utilizar por otro proceso previo, lo que abrió un nuevo frente judicial por presunto incumplimiento de medidas cautelares.
11 de febrero: prisión preventiva y traslado a Cotopaxi
Un día después, el 11 de febrero, un juez anticorrupción acogió el pedido fiscal y dictó prisión preventiva contra Álvarez y otros procesados, argumentando riesgos procesales. El alcalde fue ingresado al Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, mientras avanzaba la instrucción fiscal del caso Goleada.
La Fiscalía presentó más de 20 elementos de convicción, entre ellos movimientos financieros, empresas domiciliadas en el exterior y documentos vinculados al comercio de combustibles.
Marzo: reactivación del caso Triple A y segunda orden de prisión
Aunque Álvarez ya se encontraba detenido, su situación se agravó a inicios de marzo. El 7 y 8 de marzo de 2026 se instaló por primera vez la audiencia de juicio del caso Triple A, iniciado en 2024 por presuntas irregularidades en la comercialización de diésel subsidiado.
Durante la diligencia, la Fiscalía solicitó modificar las medidas cautelares, alegando que el grillete electrónico registró más de 2.700 alertas de desconexión. El Tribunal aceptó el pedido y dictó una segunda prisión preventiva dentro de este proceso.
8 de marzo: traslado a la cárcel de máxima seguridad de Santa Elena
Ese mismo 8 de marzo, Álvarez fue trasladado desde la cárcel de Cotopaxi a la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena, considerada de máxima seguridad. El operativo se ejecutó bajo fuerte resguardo policial y militar.
El Gobierno sostuvo que la decisión respondió a informes de seguridad, mientras que la defensa del alcalde denunció falta de notificación y restricciones para el acceso de los abogados.
🚨ATENCIÓN🚨
— Fabricio Vela (@fabriciovelav) March 9, 2026
Ramiro García Falconí, abogado que patrocina la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denuncia que no se le permitió el ingreso a la Cárcel del Encuentro para dialogar con su cliente.
La víspera, desde el Gobierno, se aseguró que Aquiles Álvarez sí iba… pic.twitter.com/YndLdbThag
Impacto político: subrogación y tensiones institucionales
En paralelo al proceso judicial, la detención de Álvarez derivó en su salida temporal del cargo mediante una licencia sin sueldo, lo que permitió que la vicealcaldesa, Tatiana Coronel, asumiera la Alcaldía de forma subrogante. Inicialmente prevista hasta febrero, la licencia fue extendida hasta el 26 de marzo de 2026.
Durante este período, el Municipio ha enfrentado una serie de tensiones, tanto por emergencias —como incendios e inundaciones— como por roces con el Gobierno central. Asimismo, se han producido cambios en direcciones municipales y empresas públicas, mientras la suspensión de procesos administrativos ha generado cuestionamientos sobre la gestión y la continuidad de obras.
El escenario político se intensificó el 26 de marzo, en una sesión del Concejo Cantonal marcada por posturas divididas e incertidumbre jurídica. Con votos a favor, en contra y una abstención, la mayoría del pleno ratificó la subrogación de Coronel al frente de la Alcaldía.
Nuevas denuncias y otras investigaciones en trámite
Además de los casos Goleada y Triple A, la Fiscalía mantiene en trámite otras denuncias contra el alcalde, entre ellas una por supuesta alteración de documentos y otra por presuntas amenazas a un juez vinculado al proceso.
En conjunto, los procesos judicializados y denunciados contra Álvarez implicarían un presunto perjuicio al Estado estimado en alrededor de $166 millones, según las investigaciones fiscales.
Camino al 30 de mayo: una causa sin resolver
Hasta ahora, ninguno de los procesos contra Álvarez ha concluido con una sentencia. Su situación sigue siendo la de un procesado bajo prisión preventiva, mientras las investigaciones continúan en distintas etapas.
El hito más próximo en la agenda judicial de Álvarez es la reinstalación de la audiencia de juicio del caso Triple A, prevista para el 30 de mayo de 2026. La diligencia fue suspendida previamente debido a problemas de conectividad en la cárcel de El Encuentro, lo que obligó a trasladar temporalmente al alcalde a una unidad judicial para garantizar su participación.
La defensa sostiene que el proceso carece de sustento penal y que las eventuales irregularidades detectadas en la comercialización de combustibles corresponderían al ámbito administrativo. La Fiscalía, en cambio, insiste en que existen elementos suficientes para sustentar una acusación penal.
La audiencia del 30 de mayo, se perfila como un punto decisivo para determinar si el caso Triple A avanza hacia una eventual sentencia o si se prolonga la incertidumbre que ha marcado la gestión municipal desde febrero.
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