Los asambleístas Cristina Reyes, de la alianza PSC-Madera de Guerrero, y Raúl Tello, del bloque Integración Nacional, quieren conocer el monto de los gastos de seguridad que demanda el expresidente de la República, Rafael Correa, y su familia, en Bélgica.

Ambos aseguran que lo hacen porque los recursos provienen de fondos públicos y que la ciudadanía tiene derecho a conocer en qué se gastan, más que nada porque es la primera vez que se destina dinero del presupuesto de la seguridad presidencial para proteger a un exmandatario.

Reyes presentó ayer el pedido de información ante el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, para que lo dirija al ministro de Defensa, Miguel Carvajal.

Tello contó a este Diario que lo hará la próxima semana, antes de que empiece la vacancia legislativa.

Los dos pedidos de información, dijeron, estarán centrados en el monto y en el número de miembros de las Fuerzas Armadas o de otras entidades de seguridad que han sido enviados a Bélgica para la protección de Rafael Correa, su esposa y sus tres hijos.

Diario EXPRESO informó hace ocho días que dos sargentos de las Fuerzas Armadas y seis miembros del Servicio Secreto de la Secretaría Nacional de Inteligencia viajaron a Bélgica para brindarle seguridad al exjefe de Estado. En promedio, cada uno recibe entre 7.000 y 7.200 dólares mensuales en viáticos.

La asignación de la seguridad en el exterior fue hecha con base en el decreto ejecutivo 1369, emitido el 3 de mayo pasado por Correa cuando aún era presidente de la República.

El mencionado decreto, por primera vez en la historia del país, establece protección para un expresidente de la República por el plazo de un año y para su familia por seis meses.

El responsable de prodigar esa seguridad, según el mismo decreto ejecutivo, es el Servicio de Protección Presidencial que hasta esta semana estuvo dirigido por el brigadier general Marco Brito (Fuerza Aérea Ecuatoriana).

El propio Brito viajó con Correa a Bélgica y permaneció en ese país durante una semana para dejar listo el plan de seguridad y la contratación de una empresa privada, que es la que brinda protección a los hijos del exmandatario.

A inicios de esta semana, el presidente Lenín Moreno decidió relevarlo del mando y nombrar a otro miembro de las Fuerzas Armadas en su lugar.

El decreto ejecutivo del 8 de julio de 2010, mediante el cual se creó ese Servicio de Protección Presidencial (antes Casa Presidencial), establece que el jefe de ese servicio será designado por el presidente de la República, de una terna de candidatos presentada por el ministro de Defensa.

Miguel Carvajal ya presentó la nómina de candidatos, de la que fue escogido el contralmirante Jorge Cabrera, quien ascendió a ese grado en diciembre del 2015. Deja la jefatura del estado mayor institucional del Comando Conjunto para asumir las nuevas funciones la próxima semana.