Con la presencia del entonces vicepresidente Jorge Glas y la presidenta de la Asamblea Gabriela Rivadeneira, el ministerio del Interior inauguró el 25 de julio de 2016 la tan esperada Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) Portete de la Policía, en el Suburbio de Guayaquil.

Una obra que fue bien recibida por la comunidad que reclamaba una mayor seguridad para el sector, pero que arrastraba una serie de irregularidades, ligadas principalmente a incumplimientos por parte de la empresa contratada y a la falta de control sobre el proceso de contratación que dejó una millonaria cuenta por cobrar al Servicio de Contratación de Obras (Secob).

El Secob, que pasará a manos del Ministerio de Obras Públicas este 19 de agosto, firmó el primer contrato para la construcción de esta unidad de policía con la compañía Alpha S.A. Alphaconsa el 27 de diciembre de 2012 bajo la figura de emergencia, sin que estuviese justificada, por 5,5 millones de dólares por un plazo de 150 días, pero no fue hasta 478 días después que se iniciaron los trabajos. En 2012, el Secob aún se llamaba Instituto de Contratación de Obras y dependía del Ministerio de Vivienda, con Pedro Jaramillo a la cabeza.

Según un informe de Contraloría donde se detallan las anomalías, este primer retraso se debió a que las instalaciones del Batallón del Suburbio aún estaban ocupadas por el Ejército. Pero además porque, según el administrador del contrato, se había determinado que la UVC había sido contratada con “planos estándares”, que no eran los adecuados “al sitio donde se construirá”, por lo que debían realizarse nuevos estudios de suelo.

Luego de esto se firmó un contrato complementario por 1,3 millones de dólares más.

El 24 de abril de 2014 empezó a construirse la unidad policial y también empezaron los incumplimientos. Después de un mes de estar en el terreno, el fiscalizador le comunicó al representante de Alpha S.A. Alphaconsa, que el rendimiento en la obra era “extremadamente bajo”, pese a haber recibido ya 2,7 millones de dólares, correspondiente al 50 % del pago, y que además el contratista no había renovado las garantías de buen uso de ese anticipo. Unas garantías que, también se descubrió, habían sido emitidas por una compañía de seguros que entró en liquidación forzoza meses después de la firma del contrato por, entre otras cosas, tener deudas pendientes con instituciones del Estado.

Este Diario buscó la versión de los representantes de la constructora, que fue disuelta en 2017, de Juan Carlos Checa y Salvador Jaramillo, exdirectores del Secob, y de los ministerios de Gobierno y Obras Públicas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En junio de ese año, la directora de administración contractual del Secob pidió que se levante el sigilo bancario a la cuenta de la constructora donde se le había depositado el anticipo, pero el administrador del contrato no hizo seguimiento a ese pedido.

Esos atrasos impidieron que la UVC esté lista el 22 de septiembre, fecha en la que se cumplían los 150 días de plazo que contemplaba el contrato, por lo que el fiscalizador solicitó que se termine unilateralmente ese proceso. Sin embargo, la constructora justificó el incumplimiento y el Secob le otorgó una prórroga de 129 días. Lo mismo pasó en otras tres ocasiones.

Al término de la tercera prórroga, el 30 de mayo de 2015, el fiscalizador determina que el valor de las multas por los atrasos había sobrepasado el 5 % del total del contrato, por lo que solicitaba la terminación unilateral de los contratos.

Sin embargo no fue hasta el 3 de septiembre y después de más de 2 millones de dólares pagados que el entonces director de Secob, Salvador Jaramillo, terminó ese contrato.

Pero la historia no acaba ahí. La Contraloría determinó que, pese a los notables incumplimientos de la constructora, solo se le impusieron multas por 87.775 dólares, cuando en realidad el Secob debió cobrar 321. 987. Es decir, 234.211 dólares se perdieron.

El Secob también había pagado a la constructora por 24 rubros que no fueron culminados, instalados ni puestos en marcha, ocasionando la pérdida de otros 459.580 dólares. Los rubros tuvieron que incluirse en el nuevo contrato que se firmó para culminar la esperada UVC que iría a manos del ministerio del Interior de José Serrano.

Después de la firma de terminación del contrato, el Secob determinó que la constructora Alpha S.A. Alphaconsa debía devolver 692.389 dólares del anticipo que no utilizó. Sin embargo, según la Contraloría, no hay constancia de que se haya pagado ese dinero, ni que el Secob haya hecho el seguimiento adecuado para recuperarlo. Tampoco pudo, hasta el cierre del examen, cobrar el dinero de las garantías de la compañía de seguros en liquidación.