El Plan Económico, divulgado la semana pasada por el Gobierno, dejó caras largas en el segmento de grandes empresas, pero un aire de esperanza para las más pequeñas. Los $ 300 millones que el Gobierno espera distribuir en exenciones tributarias irán en su mayoría a este sector. Será un impulso, dicen, que ayude a germinar el emprendimiento y el desarrollo de cerca de miles de pequeños y medianos negocios; no obstante, advierten que para tener efectos reales, es necesario contar con otras políticas que complementen este plan.

El Ministro de Finanzas, Carlos de la Torre ha dicho que este plan está diseñado para reactivar el trabajo de la pequeña empresa, y para eso, ha admitido, se requiere del sacrificio de las más grandes, con un mayor aporte de tributos. Sin embargo, en este sector están convencidos que su crecimiento depende de una sinergía con las compañías más grandes, por eso para ellas también piden un mayor incentivo.

Lucía Calderón, quien formó parte del Consejo Consultivo y Tributario, representando al sector de la Economía Popular y Solidaria, sostiene que aún están a la espera de otras medidas que ayuden a los artesanos, a las micro, pequeñas y medianas empresas a insertarse con mayor fuerza al mercado nacional.

Calderón cuenta que el sector guarda expectativa sobre el futuro que tendrá la propuesta de encadenamiento productivo que, junto al Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), fue entregada al primer Mandatario, Lenín Moreno. En ella se plantea la necesidad de incentivar a las grandes empresas que decidan apuntalar su crecimiento en base a la demanda de insumos y productos que pueden llegar a proveer los negocios más pequeños.

Este programa tendría un profundo impacto sobre el empleo. El CEE estima que estabilizaría y mejoraría los puestos de trabajo generados por los artesanos y estas empresas para alrededor de 4 millones de personas, lo que equivale al 50 % de la Población Económicamente Activa reportada por el INEC.

Sin embargo, para alcanzar eso, es preciso trabajar también otras políticas como la de diseñar nuevos servicios crediticios que les permitan desarrollar sus capacidades. Por otro lado, explica, está la necesidad de transparentar las reglas de la compra pública, otro nicho que podrían seguir explotando para colocar de mejor forma su oferta. “Se deben revisar los catálogos, los precios, que se han mantenido por 7, 8 años”, dijo Calderón, quien representa a la Confederación Nacional de Cámaras Provinciales de la Economía Popular y Solidaria, donde están agremiadas 3.000 pequeñas empresas.

Rosa M. Guerrero, una especialista financiera internacional, sostiene que uno de los grandes retos de este sector es desarrollarse de forma competitiva. Para eso no solo se requieren productos financieros preferenciales de parte de la banca privada que les permitan reducir sus altos costos, sino también de otras ayudas estatales. “Mientras los costos de producción de las Mipymes sean extremadamente altos (por el costo de servicios básicos, salarios, excesivos trámites) estos subsidios servirán pero de forma temporal”, advierte.

Según el Directorio de Empresas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2015 (el dato oficial más actualizado) existían 843.644 empresas en el país, de las cuales 838.877 son micro, pequeñas y medianas empresas. El 19 % están en Guayas.

Wilson Araque, director del Observatorio de la Pymes, de la Universidad Andina, habla de la importancia de reactivar a este sector que actualmente aporte con el 65 % de las plazas de empleo en el país. Sin embargo, eso implica también tener que trabajar en el fortalecimiento de sus niveles de innovación, para proyectarse en un mercado no solo local, sino internacional. El inicio, plantea, está en los convenios que las empresas puedan establecer con las distintas universidades del país, para que estas transfieran sus conocimientos técnicos, “y así puedan mejorar su nivel de productividad, su calidad, su valor agregado”.

El camino es arduo, dicen los expertos. Los primeros pasos que el Gobierno y las empresas acuerden, podrán enrumbar a este sector en la senda del desarrollo o el fracaso.

Una red de centros de desarrollo, en camino

Al Plan Económico del Gobierno, que prevé la exención del pago del Impuesto a la Renta para emprendimientos y pequeñas empresas y, en algunos casos, la eliminación de su anticipo, se unen los proyectos que ejecutan algunos Ministerios para complementar esta ayuda.

Entre esos estará el trabajo que articula Eva García, ministra de Industrias y Producción, quien el pasado viernes mediante decreto fue designada por el Ejecutivo como la presidenta del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas (APP) para el desarrollo de Mipymes (Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas), artesanías y demás industrias. Será la encargada de llevar un registro de las asociaciones que se concreten en el Comité Interintitucional, así como de dar seguimiento a los proyectos que se ejecuten e informar trimestralmente a la Presidencia, sobre los mismos.

García, en un evento realizada en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, explicó los retos que ya como Ministerio se plantean para impulsar la labor de las Mipymes que el año pasado, dijo, generaron en el país más de $ 43.000 millones en ventas, el 10 % de eso provino de los pequeños negocios manufactureros.

El plan es emular el ejemplo de otros países y crear una red de Centros de Desarrollo Empresarial a nivel nacional, con el fin de resolver los problemas estructurales, que pasan por bajos niveles de productividad y calidad y por la dificultad para acceder a crédito. La capacitación y el acompañamiento técnico a las empresas se ofrecerá con la ayuda de las Cámaras de la Producción, Universidades y entidades de la Economía Popular y Solidaria.