Sábado 23 de octubre: los integrantes de la comisión parlamentaria que investiga (es un decir) los Pandora Papers, se dan cuenta de que se les acaba el tiempo. Han pasado dos días exigiendo a los representantes de diferentes organismos del Estado (Fiscalía, SRI, CNE, Superintendencia de Compañías...) que les remitan información por toneladas con la esperanza de conseguir algo, una brizna de indicio que les permita incriminar al presidente. Diez días tienen los funcionarios para enviarla y al menos otros diez se necesitarían para revisarla. Virgilio Saquicela, el vicepresidente de la Asamblea que al interior de la Comisión ha sido una especie de incómoda voz de la conciencia, les hace caer en cuenta de este detalle y presenta una moción: solicitar al Pleno una prórroga de 20 días sobre el plazo original de 30 concedidos para elaborar el informe. Los demás están de acuerdo: sí, sí, necesitamos más tiempo. Votan. Se aprueba.

Miércoles 27: la Comisión, urgida como está, no ha sesionado ni lunes ni martes. El asambleísta Mario Ruiz, perteneciente al ala de Pachakutik que prefiere tener amigos en Bélgica que en Carondelet, pregunta qué tan avanzado está el informe. La respuesta de la secretaria deja pasmado a más de uno: “80 por ciento”. Lanza una nueva moción: que se lo termine hasta el 3 de noviembre y se lo debata el viernes 5. ¿Quién necesita 20 días adicionales? Édgar Quezada, Pachakutik converso, pregunta si ya llegó la información solicitada. Que no, responde secretaría. Su coidearia Sofía Sánchez dice que ella ni siquiera ha visto la que sí ha llegado. ¿Quién, entonces, está elaborando el informe con tanta dedicación que ya casi lo tiene terminado? “Todos”, miente la correísta Paola Cabezas. Se extraña de que alguien pueda pensar siquiera que a la Comisión le falta tiempo. Dicho lo cual, se vota la moción de Mario Ruiz. Se aprueba.

¿Qué ocurrió entre el sábado y el miércoles? ¿Por qué hasta el fin de semana anterior se pedía información desesperadamente y hoy, de pronto, ya no es necesaria? ¿Por qué el sábado faltaba tiempo y el miércoles sobra? Porque la legisladora correísta Mónica Palacios apareció con un papel. “Estuve en los Estados Unidos y en Panamá dice ante la Comisión-, donde he obtenido información importante que ha desvelado lo que ha estado pasando realmente”. ¿Qué información es esa? Una Gaceta Oficial. O sea que viajó a comprar un periódico que pudo leer por Internet. Ese periódico es, ahora, la prueba maestra del correísmo contra el presidente de la República.

Todo se reduce a una cuestión de fechas: ¿en qué momento se deshizo Guillermo Lasso de sus bienes ‘offshore’? ¿Antes o después de calificar su candidatura? Él dice que antes, y cita una resolución de la Superintendencia de Bancos de Panamá del 10 de septiembre de 2020. Los correístas dicen que después, y muestran su prueba: recién el 19 de octubre esa resolución de la Superintendencia fue inscrita en la Gaceta Oficial. Para interpretar este hecho, la asambleísta cita la ley panameña de Procedimiento Administrativo: “Los decretos, resoluciones y demás actos administrativos y reglamentarios o aquellos que contengan normas con efectos generales, solo serán aplicables desde su promulgación en la Gaceta Oficial”.

Que eso no se aplica a una transferencia de acciones, protesta Gruber Zambrano, el único integrante de la Comisión que se juega por el oficialismo, y lee de su teléfono la argumentación que le mandó alguien del Gobierno: aquí ya nadie disimula. “Vamos a solicitar una interpretación de la norma de Panamá”, zanja salomónico el presidente Fernando Cabascango. En realidad, bastaría con leer el artículo de ley completo. El primer párrafo que los correístas omiten dice con claridad que los actos administrativos “de carácter individual” (por ejemplo: una transferencia de acciones) se aplican de inmediato. Gruber Zambrano quizá no entiende lo que lee, pero parece tener razón.

Citar la ley a medias, escamoteando las partes que no convienen, es un recurso desesperado. Se explica: esta Comisión, que nació para inculpar al presidente, es un fracaso. Virgilio Saquicela, que ha anunciado su voluntad de hacer un informe de minoría, lo vio venir desde el día uno. No hay sesión en la que no repita que todo esto es un equívoco, que este caso lo debieran estar investigando la Contraloría y la Fiscalía. Y sí: los asambleístas no tienen las herramientas ni la preparación para hacer una auditoría tributaria. Incapaces de demostrar que Guillermo Lasso evadió impuestos o violó el pacto ético sobre paraísos fiscales, el correísmo no tiene otra alternativa que tratar de construir un caso por aproximación. Por ejemplo, acosando al secretario general de la Administración, Iván Correa, con preguntas sobre sus actividades empresariales, con la esperanza de obtener alguna prueba de testaferrismo. O tendiendo trampas a Carla Mera, la titular de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), o a la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, a ver si sueltan alguna información confidencial. A eso se han dedicado Victoria Desintonio, Fernanda Astudillo y Paola Cabezas, las tres integrantes correístas de la Comisión. Y como nada consiguen, se mueren de iras.

-No puedo responderle a esas preguntas porque esa información tiene carácter reservado y esta es una audiencia pública -se mantiene firme la directora de la UAFE-.

-Y yo voy a seguir preguntando para que usted siga respondiendo el absurdo que responde -se retuerce de la impotencia Victoria Desintonio y convierte la sesión en un espectáculo- . Yo le voy a seguir preguntando para que el pueblo ecuatoriano la vea”.

Desintonio ha convertido las sesiones en una exhibición de prepotencia y en un acto de humillación pública cuyo antecedente directo son las sabatinas de Rafael Correa. Nunca un grupo de funcionarios había sido sometido a maltrato tan sistemático y gratuito en una comisión parlamentaria. La correísta se dirige al canciller de la República, al gerente del Banco Central, a la superintendenta de Bancos, al secretario general de la Administración, en fin, al funcionario que tenga por delante, con un desprecio difícil de asimilar. Directamente, los trata como a imbéciles. El presidente Cabascango, quizás intimidado por sus propias limitaciones para hilar razonamientos, la deja hacer.

Estos desplantes no cambian el fondo de la cuestión: la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad (única frase capaz de pronunciar de corrido el presidente Cabascango) se ha estrellado ante la imposibilidad de cumplir su cometido. Tras cuatro semanas de actividades (de las cuales la primera fue perdida y la última se trabajó a medias) sus integrantes no han sido capaces de recabar un solo dato que no se conociera ya. El informe que entregarán este miércoles pudo escribirse hace dos años.

• UNA DÉSPOTA

La correísta Victoria Desintonio ha convertido las sesiones en un despliegue de prepotencia y en un acto de humillación pública de cuanto funcionario se presente.

• DE LA NADA

El sábado, la Comisión se da cuenta de que le falta tiempo y decide pedir 20 días más de plazo. El miércoles, como por arte de magia, el 80 por ciento del informe está listo.

La humillación como estrategia

“¿Por si acaso usted conoció al señor Andrés Arauz?”. La legisladora correísta Paola Cabezas lanza la pregunta a quemarropa y Guillermo Avellán, gerente del Banco Central, tiene que embragar para darse cuenta de por dónde van los tiros. “Sí -responde dudoso-, sí lo conocí, trabajó en el Banco Central”. Y Cabezas, con una sonrisa de falsa amabilidad iluminándole el rostro: “Sí, sí me había comentado él que usted había sido de él”. Quiso decir con esto que Avellán (aunque él lo niega) había sido pasante del excandidato del correísmo, quizás en sus tiempos de piponazgo. El caso es que el funcionario se queda de una pieza: “Señor presidente, yo...”. “Jajaja, era para romper el hielo”, interrumpe Cabezas. Así las legisladoras correístas de la Comisión: humillan con la sonrisa de oreja a oreja.