Otro capítulo en la ‘guerra financiera’ de PAIS. La primera alerta la dio EXPRESO, el sábado pasado: hasta ese día las dos directivas (morenista y correísta) buscaban el reconocimiento legal para, entre otras cosas, acceder a los recursos de la campaña para la consulta popular. Ayer, el secretario del ala morenista, Ricardo Zambrano, denunció que las cuentas del movimiento están en cero.

Su directiva tiene el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE) y, según contó ayer, también asumió el control de las cuentas bancarias.

El problema es que las encontró vacías. Serían 600.000 dólares que la facción correísta, encabezada por Gabriela Rivadeneira, habría retirado en los últimos meses. Corresponde a los aportes que los adherentes hacen al movimiento y los recursos del Fondo Partidario que entrega el Estado. Él anuncia acciones legales.

Ella, desde la sede del movimiento en Quito, que aún está bajo su control, aseguró que esa información era “falsa y descontextualizada”. Aseguró que las cuentas son manejadas con responsabilidad y auditadas por el CNE. Y también advirtió con acciones legales.

La gestión financiera del movimiento es motivo de preocupación. Fue el primer cuestionamiento de Zambrano cuando fue elegido por los morenistas. Reclamó porque, en los últimos años, no ha habido rendición de cuentas.

En la página web de PAIS, la última información disponible es de 2014. Entonces la secretaria era Doris Soliz. Durante su administración, dice el informe, recibieron ingresos por $ 4,1 millones. De ellos $ 1,7 millones fueron aportes voluntarios y $ 2,4 millones del fondo partidario permanente.

Rivadeneira dice que asumió la dirección con una deuda de medio millón de dólares. Ahora, asegura, las cuentas están en orden.

Los aportes de los adherentes –que son, aproximadamente, 1,2 millones– siempre han generado suspicacias. En la oposición, que mira de lejos el lío de PAIS, hay dudas. “Esa plata la cobran todos los meses a los funcionarios públicos. Si alguien tiene criterio, debería negarse a pagar hasta que le expliquen ‘dónde está la plata’...”, opinó el asambleísta Fabricio Villamar, de CREO.

Pero los correístas insisten en negar malos manejos y persisten en llevar la pelea al plano político.

Y, otra vez, el CNE será al árbitro. Las dos directivas se inscribieron para hacer campaña en la consulta. Zambrano hizo una demostración de fuerza en la mañana. En su primer evento masivo como secretario, encabezó una marcha hasta el CNE para registrar a PAIS para promover el ‘sí’ en las siete preguntas.

Rivadeneira, acompañada por una veintena de seguidores, contó que harán campaña por el ‘no’ en las preguntas sobre la reelección indefinida, la confirmación del Consejo de Participación y la eliminación de la Ley de Plusvalía. En su contra ya hay un pronunciamiento previo del Consejo que advirtió que la única directiva registrada es la morenista.

Lo paradójico es que los correístas se inscribieron a pesar de que insisten en la ilegalidad de la convocatoria. Es más, impugnaron la convocatoria ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Ayer, paralelamente al evento en Quito, las asambleístas Marcela Aguiñaga, Sofía Espín, Verónica Arias; junto a las concejales de Guayaquil, Lídice Aldás, María del Carmen Alman y otros militantes, interpusieron cada uno recursos de apelación en contra de la consulta ante la sucursal del TCE, con sede en Guayaquil.

Aguiñaga advirtió que el recurso es legal y legítimo, con lo que quiso desvirtuar cualquier rumor sobre posibles sanciones en contra de quienes intentan obstaculizar la consulta.