Tras el incendio de su edificio, ocurrido en el contexto de las protestas de octubre, la Contraloría General del Estado se ha fijado metas ambiciosas. La institución espera recuperar todos los procesos, restaurar toda la documentación lesionada, perfeccionar los mecanismos de trabajo y tecnificar su sistema.

A esos objetivos se suma el poder consolidar la estructura organizacional en todo el país y así poder avanzar con decisión a la conformación del tribunal de cuentas, organismo que ha propuesto la Contraloría al país como la figura jurídica y administrativa “que permitirá un control público, democrático, participativo, que garantice la transparencia y honestidad en el manejo de la cosa pública”. Lo anunció este miércoles el contralor subrogante Pablo Celi en un acto en el que recibió el respaldo de al menos seis excontralores entre los que se destacaron Alfredo Corral, Genaro Peña y Marcelo Merlo.

Celi dio un emotivo discurso en el que calificó como un acto delincuencial la destrucción del organismo de control durante las protestas de octubre. Dijo que trataron de eliminar la memoria documental de auditorías, informes que han establecido responsabilidades civiles y penales. Por ese delito están procesadas al menos 33 personas. Seis de ellas menores de edad que el jueves pasado recibieron medidas sustitutivas. Lo ocurrido habría sido un acto concertado.

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La Fiscalía investiga entre los elementos la existencia de supuestos chats en los que se disponía a los que ingresaron ir al quinto piso, no dejarse ver los rostros y, en caso de ser aprehendidos, destruir sus teléfonos celulares.

La fiscal Diana Salazar dijo que se investigan todas las aristas y no solo hay expedientes en el caso de la Contraloría, sino en cada lugar del país en el que se registraron actos vandálicos.

Las sospechas sobre un ataque concertado para borrar los rastros de la corrupción, solo se comprobarán cuando se obtengan las sentencias y ese será el pronunciamiento de los tribunales de justicia. Explicó que la Fiscalía lleva la teoría del caso y son los jueces quienes tienen que decidir si se han comprobado o no los hechos. Anunció que la Fiscalía está recabando todos y cada uno de los elementos para llegar a tener la certeza de quienes estaban detrás de esos actos.

En cuanto a la Contraloría indicó que se establecerán responsabilidades, luego de la práctica de las diligencias y que lleven a tener la certeza de todas y cada una de las personas que tuvieron participación. Finalmente, el funcionario dijo que se investigan varios hechos que involucran a mayores y adolescentes. Hubo un recorrido para comprobar los destrozos ocasionados durante el incendio.

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En su discurso Celi agradeció a las instituciones que han acogido a los funcionarios y recordó que el trabajo de la Contraloría significó la emisión de más de 5.500 informes para precautelar los recursos del Estado y cuidar del bien soberano del pueblo que no era solo el edificio destruido por un grupo delincuencial que ingresó al organismo.

El resultado del trabajo fue el establecimiento de 10.500 responsabilidades administrativas, 6.400 civiles y 520 investigaciones previas derivadas de informes con indicios de responsabilidad penal.

Dijo que la entidad fue dañada con protervas intenciones. Recalcó que no es organismo político, es técnico y profesional. “Que lamentable que hoy haya sido víctima de un ataque político, de una política siniestra que se enmascara y actúa con las manos del mercenariado criminal”, dijo y añadió que en la institución se ha plasmado intento de sabotear una de las funciones más importantes del estado, el control publico y de rendición de cuentas.

“Pretendieron anular a los equipos de control haciendo uso de una situación caótica para orientar un conjunto de actuaciones delictivas contra el interés público”, añadió.

El contralor invitó a la fiscal Diana Salazar, presente en el lugar a que levante la bandera del Ecuador mientras él izaba la bandera de la Contraloría, todo como símbolo de unidad y cooperación.