El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que se posesionará el próximo 1 de enero tendrá que hacer malabares para expandir el gasto público a la vez que mantiene la disciplina fiscal, una tarea especialmente difícil con una economía que tiende a enfriarse.

El rígido sistema fiscal y presupuestario de Brasil y las maltrechas cuentas que deja el Gobierno de Jair Bolsonaro, tras elevar el gasto público en un año electoral, dejan un margen de maniobra muy escaso para que Lula pueda poner en marcha sus políticas económicas.

Estas son las claves del panorama económico con que se encontrará Lula: La deuda pública se sitúa en torno al 76,8 % del Producto Interno Bruto (PIB), con tendencia a la baja desde el pico de 90 % que se alcanzó en los primeros meses de la pandemia, pero todavía sigue en niveles elevados.

El gasto público se disparó en los últimos meses debido en parte a las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Bolsonaro en los meses previos a las elecciones, tales como la concesión de nuevos subsidios a los pobres y el control de precios de los combustibles, a pesar de que la Constitución prohíbe ese tipo de maniobras en año electoral.

La principal promesa electoral de Lula supondrá una mayor presión en las cuentas públicas, puesto que destinará 145.000 millones de reales (unos 27.800 millones de dólares) a ayudas sociales, una partida que excederá el límite presupuestario y obligará a aumentar el endeudamiento.

La economía del país cerrará el año previsiblemente con un crecimiento del 2,9 %, pero se está ralentizando rápidamente debido a la agresiva política monetaria puesta en marcha por el Banco Central para controlar la inflación, que ha elevado los intereses al 13,75 %.

Los gastos obligatorios del Gobierno, tales como el pago de salarios de funcionarios, seguridad social o pensiones, han crecido de forma constante en los últimos años, en parte a consecuencia del envejecimiento de la población, y en 2023 llegarán a consumir el 93,7 % del presupuesto público. Esto deja en caja unos 132.200 millones de reales (cerca de 25.300 millones de dólares), para dedicar a inversiones y a los programas del Gobierno.

La tasa de desempleo se sitúa en el 8,7 % de la población activa, el menor nivel desde 2015, pero los economistas temen que el enfriamiento de la economía pueda repercutir en el mercado laboral. Los datos de empleo también inciden directamente en las cuentas públicas, porque si empeoran pueden suponer un sobrecosto en el abono de subsidios de desempleo y también, lo que limitaría aún más el margen de acción del Gobierno.

A pesar de la mejoría del empleo en el último año, la pobreza se disparó en 2021, llegando al 29,4 % de la población, lo que supone 62,5 millones de personas, y los niveles de miseria se dispararon hasta el 8,4 % de los habitantes de Brasil, que dependen de las ayudas para subsistir.

Mientras tanto, el equipo de transición del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, garantizó ayer que el acto de investidura del próximo domingo será “pacífico”, a pesar de las amenazas de terroristas que se resisten al resultado de las urnas.

“No serán pequeños grupos terroristas los que van a emparedar a la democracia brasileña. No tienen espacio, no tendrán espacio, no vencieron, ni vencerán”, afirmó el futuro ministro de Justicia, Flavio Dino, sobre las amenazas de grupos de ultraderecha que apoyan al presidente saliente, Jair Bolsonaro.

Las alarmas por la seguridad de la investidura se dispararon el pasado fin de semana, cuando la Policía de Brasilia desactivó una bomba colocada en un camión cisterna que, según las investigaciones, sería detonada en el aeropuerto de la ciudad.

El responsable del frustrado atentado fue detenido y confesó que frecuentaba un campamento de activistas instalado hace dos meses frente al Cuartel General del Ejército para exigir un golpe militar que impida la investidura de Lula y mantenga en el poder a Bolsonaro, quien aún no ha reconocido su derrota en las urnas. El detenido admitió que su objetivo era “sembrar el caos”.