MIES responde a correístas: "Indolentes intentan fiscalizar sin conocer la ley"
La entrega de bonos y ayudas económicas durante la campaña electoral de marzo ha escalado a un nuevo nivel
La controversia por la entrega de bonos y ayudas económicas durante la campaña electoral de marzo ha escalado a un nuevo nivel. El asambleísta Roque Ordóñez, de la bancada de Revolución Ciudadana, denunció un presunto uso indebido de más de 560 millones de dólares en programas sociales, señalando que estos habrían sido distribuidos sin sustento técnico ni planificación presupuestaria, con fines electoral.
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Ordóñez acusó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) de obstaculizar el proceso de fiscalización al trasladar la investigación desde la Comisión de Garantías Constitucionales —donde él lideraba el proceso— hacia la Comisión de Transparencia, controlada por el oficialismo. Según el legislador, esta maniobra busca “enterrar la verdad” y evitar que se esclarezca el destino de los recursos públicos
Respuesta del MIES: "Indolentes y desinformados"
En respuesta, el ministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Harold Burbano, calificó de “indolentes” a quienes, según él, intentan politizar programas que han beneficiado a cerca de 200 mil familias en situación de vulnerabilidad. “Pretenden fiscalizar sin conocer la ley ni los procedimientos. No les importa el desarrollo del país, solo crear un show político”, expresó.
Granda defendió la legalidad y transparencia de los programas sociales implementados, como el bono de compensación eléctrica y el kit escolar “Regresa al aula del Nuevo Ecuador”, señalando que estos fueron diseñados con criterios técnicos y ejecutados bajo estrictos controles. “Estos programas no solo son legales, sino necesarios. Representan el acompañamiento del Estado a los jóvenes y familias que más lo necesitan”, afirmó.
Medidas de control y denuncias por cobros indebidos
El MIES también informó que ha procesado más de 1.700 denuncias por cobros indebidos de bonos y ha remitido 196 casos a la Fiscalía General del Estado. “Hemos instalado un sistema de seguridad y bancarización que ha reducido significativamente los fraudes. No vamos a desproteger a las familias vulnerables”, aseguró Burbano
Mientras tanto, la Comisión de Garantías Constitucionales insiste en continuar con la fiscalización y ha solicitado al CAL que respete el marco legal. La oposición considera que el traslado del proceso a otra comisión representa un precedente peligroso para el control político en el país.
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