Del otro lado del teléfono, desde el sector de la cooperativa Santiaguito Roldós, sector sur de la ciudad, Wálter Intriago Loor, de 66 años, no quiere hablar de aquella experiencia en la que se convirtió en uno de los 97 accionistas de un hotel en el que trabajó por más de 30 años. “Eso fue una mentira. Un engaño. Dicen que éramos accionistas, pero cuando yo salí de ahí, me fui con mi sueldo y no quise saber nada más de eso”.

En el 2009, el gobierno de entonces se ingenió una manera de enajenar la parte operativa de un hotel que un año antes había sido incautado por el Estado. “Es un paso para democratizar el manejo de las empresas estatales”, aseguró Rafael Correa el día en el que se hizo “el traspaso de las acciones del negocio del hotel Ramada de Guayaquil a los empleados de la empresa”.

La decepción de Intriago se reitera en otros excompañeros y en quienes aún siguen cumpliendo horarios en el hotel. “Eso se inventaron para no liquidarnos en su momento y dejarnos metidos en una situación en la que solo podemos hablar de pérdidas”. Quien lo dice es Jimmy Fajardo, un guayaquileño de 41 años, y uno de los 15 sobrevivientes de esta aventura. El resto se jubiló o dejaron de trabajar en el hotel por diversas circunstancias.

En su momento se indicó que los trabajadores asumían la compra por  4,4 millones de dólares. Posteriormente se fijó en 800 mil, porque se precisó que la negociación solo se refería al traspaso de las acciones del negocio del hotel. Los 4’428.917 correspondían a la compra del edificio donde funciona.

“Finalmente la deuda quedó en 400 mil dólares”, dice José Castro Álvarez, quien hace 15 años ingresó como recepcionista y terminó como presidente de la compañía anónima Cadena Hotelera (Hotelca), en la que se agruparon los trabajadores del Ramada para asumir su administración.

Castro concuerda con sus compañeros y exempleados a los que EXPRESO contactó. “Nos engañaron. Nos dijeron que además de la parte operativa, nos iban a vender la infraestructura, pero esto no se dio. Tenemos como prueba el cartel del acto de la compra-venta del inmueble, que se dio    el 17 de abril de 2012. Pero eso no se cumplió y nos convertimos en arrendatarios de Inmobiliar”.

Cada mes, la empresa Hotelca, de propiedad de los trabajadores, debe cancelar 14 mil dólares al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar). Un compromiso que no se suspendió en el tiempo que duró la cuarentena que provocó la pandemia de la COVID-19. “Venimos arrastrando una deuda con ellos, a los que les pedimos revisarla, pero por más cartas que enviamos no hay una respuesta positiva”, dice Castro, quien asumió la dirección de Hotelca hace un año, tras dejar ese cargo David Mena Escobar, quien no aceptó conversar con EXPRESO. No obstante Inmobiliar, mediante un correo electrónico, dijo a este Diario que está abierto a procesos de negociación (ver subnota).

“Ya no tengo nada que ver con el hotel”. Sin embargo aclaró que parte del descontento que extrabajadores entrevistados por este Diario alegan, se relaciona por el desconocimiento de la Ley de Compañías. Los extrabajadores, y algunos de ellos aún accionistas sostienen que en estos 9 años nunca recibieron un beneficio económico sobre las ganancias que en su momento obtuvo el hotel. Aunque en estos días los ingresos no pasan de los 40 mil dólares mensuales, cuando el flujo de gastos está entre los 60 mil a 70 mil dólares, el 2011 y el 2012, el ingreso por año estuvo sobre    1’400.000.

Mónica Espinoza, quien laboró por 26 años como recepcionista, cree que el gobierno de Correa es responsable de los inconvenientes que se suscitaron internamente entre los trabajadores. Primero hubo reclamos, luego se dividieron en dos grupos. “Nunca hubo un control o auditoría    para saber cómo se estaba llevando la administración internamente. Esa fue la verdadera falla. Debió destinarse una comisión de control y no hubiéramos sido explotados prácticamente nosotros los trabajadores, para actualmente no tener ningún beneficio”. 

Ella, quien dejó en 2018 el hotel por inconvenientes con la administración, mantiene su paquete de 18 acciones, aunque reconoce que desea venderlo.    ¿Cuánto? No tiene claro cuál es su valor real, si antes de la pandemia algunos trabajadores del Ramada pagaban por cada paquete de 100 a 450 dólares, dependiendo del momento.

Actualmente, con un panorama complejo en el país tras la pandemia, en el hotel hay quienes consideran que nadie estaría interesado en esos papeles. “Yo me arrepiento de haber invertido en tres paquetes. Era un dinerito ahorrado, que me hubiese convenido invertir en otra cosa. Ahora es dinero muerto”, dice Jimmy Fajardo, quien conoce de cerca la situación del Ramada. Si antes de la emergencia sanitaria había 67 empleados, hoy no pasan de 25. “Yo soy botones, pero también me toca hacer de cajero y hasta mesero. Todo por un mismo sueldo”.

• El Estado, un mal casero

• Según José Castro, presidente de la empresa a cargo del Ramada, Inmobiliar, dueña del edificio hotelero, no se comporta como un arrendatario responsable, que por varios años es Hotelca, de propiedad de los trabajadores, la que asume los gastos de mantenimiento, asegura. “Tenemos daños provocados por el sismo de 2016 que ellos no quieren asumir”.
•  Mensualmente pagan 14 mil dólares de arriendo. EXPRESO consultó a Inmobiliar, que asegura que asumió la titularidad del arriendo en 2018. Dijo que la arrendataria -Hotelca- debe hacerse responsable por los gastos que demande la adecuación, el mantenimiento, la conservación y/o reparación necesarios para conservar  la edificación. 
• Acerca de los atrasos de Hotelca, de varios meses de alquiler, “esta Secretaría se mantiene abierta a procesos de negociación del valor adeudado”.

Algo de Historia

El hotel Ramada fue inaugurado el 29 de octubre de 1981. Tenía entonces 14 habitaciones y 30 empleados. Cuando se lo entregó a los trabajadores, en 2009, sumaban 108, mientras que las habitaciones llegaban a las 75.