Un paso más allá. La oposición en la Asamblea Nacional cuestiona el más reciente proceder de la Supercom contra la clase política.

Cuando la legisladora aspirante a la reelección Gabriela Díaz (Avanza) anunció que llevaría al superintendente de Comunicación a un juicio político tras acusarlo de juzgar en base a una ley alterada, el funcionario de control remitió a EXPRESO una rectificación contra las declaraciones políticas.

Es la primera vez que algo así tenía lugar. Comúnmente, el proceso de discusión política entre las autoridades y la oposición se zanja con un intercambio de argumentos ante las grabadoras del Diario. Y aunque la Supercom, ajena a las entrevistas, ha tomado por hábito el uso legal de la réplica, esta vez optó por una rectificación, en primera instancia.

La diferencia, básicamente, radica en que la primera es una respuesta a algunas declaraciones y la segunda, una corrección.

¿Pero son errores los pronunciamientos políticos que representan a otras tiendas? La oposición cree que es un exceso claro.

El socialcristianismo, representado en la voz del legislador por Madera de Guerrero Henry Cucalón, adjudica la movida a intenciones electorales: “No es coincidencia”, dice, al apuntar el desarrollo de una campaña, que ahora las correcciones se dirijan contra declaraciones políticas en los medios de comunicación.

El partido de la crítica legisladora Díaz, en voz de su compañero de bancada Byron Pacheco, coincide en denominar como “desatino” a la imposición oficialista contra los medios. “La Supercom no es más que una institución burocrática que ahora pretende silenciar la voz de los legisladores que somos la representación de la voluntad popular”, argumenta.

El movimiento CREO, que no solo ha prometido la derogación de la Ley de Comunicación sino el cierre de las puertas de la Supercom, califica de “suprema torpeza” el intento de rectificar a una autoridad legislativa. “Este es el problema de cuando hacen uso de una ley ilegítima. Por eso vamos a derogarla”, dijo Patricio Donoso, jefe de bloque en busca de la reelección.

El oficialismo, consultado por este Diario, no emitió comentarios sobre el tema ni tomó posturas sobre la declaración de la institución pública que, a las puertas de una campaña electoral, acusó a una congresista de utilizar “métodos ilegítimos para obtener la atención que no ha logrado en su mandato”.

La asambleísta Díaz no ofreció declaraciones en respuesta al comentario.