Por una vez, la Asamblea Nacional se comportó a la altura de las expectativas. Las reformas al Código de la Democracia que aprobó este mediodía, en cuatro votaciones sucesivas, no son, como dijo la asambleísta ponente, la oficialista Ximena Peña, un mero maquillaje: "son reformas sustantivas".

Esto significa que las próximas elecciones contarán con reglas de juego radicalmente distintas. Habrá control de gasto electoral y de financiamiento de campañas; un sistema más efectivo de justicia electoral; votación por listas cerradas, no por candidatos entre listas; el debate de candidatos será obligatorio y se realizará tres semanas antes del día de la elección. Y lo más peleado: se adoptará el método de Wester que favorece la representación de las minorías. El método D'Hondt pasó a la historia con la oposición de correístas y socialcristianos, que votaron en contra.

En cuanto al tema de la paridad de género, que se impuso en medio de los aplausos y celebraciones de las asambleístas mujeres, será progresivo hasta conseguir la representación igualitaria: en las elecciones del 2021, los partidos estarán obligados a encabezar con candidatas mujeres por lo menos el 15 por ciento de sus listas (5% más que el récord de las elecciones anteriores); el 2023, esa proporción será del 30 por ciento; el 2025, el 50 por ciento. Ese mismo año entrará en vigencia la obligación del binomio presidencial mixto. Además, desde el 2021, el 20 por ciento de los integrantes de las listas deberán ser jóvenes de hasta 29 años.

El control de gasto y financiamiento de campaña, que Ximena Peña calificó "como el eje medular de la reforma", quedó como sigue: el sistema contable de las organizaciones políticas será público para evitar dobles contabilidades; la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) tendrá acceso directo a las cuentas y se instituirá un sistema de interconexión de datos entre el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Contraloría, la Fiscalía y demás organismos de control. Todo aporte a una organización política deberá hacerse a través del sistema financiero. Quedan prohibidos los aportes de personas jurídicas. Una persona natural no podrá aportar más del 5 por ciento del gasto total de la campaña ni más del 30 por ciento de su última declaración de impuestos.

La Asamblea Nacional aprobó además tres auditorías urgentes que deberán realizarse en los próximos 120 días: al registro electoral, al sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE) y al sistema de validación de firmas.