El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Adrián Rojas decidió este 5 de marzo de 2023 no acoger el pedido de la fiscal general, Diana Salazar, de dictar prisión preventiva o arresto domiciliario para los procesados en el caso Sinohydro, entre ellos el exvicepresidente y expresidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González.

En su lugar, el exmandatario, que vive en el exterior, tendrá que presentarse cada 15 días en la secretaría de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial de la CNJ. A él y su esposa se les prohibió la enajenación de bienes. La lectura de la resolución tomó casi tres horas.

Sin embargo, el juez Rojas informó que las presentaciones periódicas iniciarán el lunes 6 de marzo y advirtió que revocará la medida alternativa y se procederá a dictar la prisión de quienes incumplan.

El pasado 3 de marzo, Salazar formuló cargos para 37 sospechosos del presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro, en el que están procesados Moreno y algunos de sus familiares cercanos, entre otros. 

Durante tres horas, presentó 225 elementos de convicción para evidenciar, dijo, el cometimiento del presunto delito. Para Salazar, esas pruebas darían cuenta de la recepción de sobornos de la contratista de Coca Codo Sinclair y el reparto entre los procesados.

Relató las cantidades que habrían recibido. Según la Fiscalía, al menos 220 mil dólares el exvicepresidente y su esposa. Atribuyó 350 mil dólares a Edwin Moreno (hermano), 50 mil dólares para una de sus hijas, 10.000 dólares le adjudicó a Guillermo Moreno y 25.000 mil dólares habrían recibido las cuñadas del exmandatario.

A Conto Patiño, amigo cercano de Moreno, lo señaló por la recepción de alrededor de 44 millones de dólares de los 76 millones que dice que se entregaron como sobornos.

Inicialmente, pidió la prisión preventiva para todos los procesados en este caso con la finalidad de asegurar sus comparecencias en el proceso. Para eso, adjuntó los movimientos migratorios que demostrarían la potencial intención de evadir la justicia.

Sostuvo que el peligro de fuga es latente y que por eso la prisión preventiva es necesaria. Informó que, al menos, diez procesados ya no viven en el país, entre ellos el propio Moreno (que reside en Paraguay), su esposa e hijas.

Sin embargo, luego de ese pedido y de las explicaciones la funcionaria solicitó que a 14 de ellos, que tienen más de 65 años, se les dicte arresto domiciliario, pero que lo cumplan en Ecuador. Pidió la retención de cuentas en el país y en el exterior.

El juez Rojas señaló que una de las razones para no aplicar la prisión preventiva como medida fue que “la Fiscalía no ha demostrado por qué las medidas no privativas de libertad no son suficientes” para garantizar la presencia de los procesados.

También manifestó que no se ha determinado cuántos de ellos están en calidad de autores materiales o cómplices, por lo que aplicar una medida de este tipo podría romper un principio de igualdad ante la ley.

Para los procesados que superan los 65 años de edad pero residente en el país, como Patiño, el juez dispuso la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse cada ocho días en la secretaría de la Corte Nacional de Justicia.

Para los procesados sin vulnerabilidad que residen fuera del país, como la hija de Moreno, la medida es presentarse cada 15 días en la secretaría de la Corte Nacional. Y a los que viven en Ecuador y no son vulnerables, se les prohíbe salir del país, deben presentarse cada ocho días en la CNJ y usar el dispositivo de vigilancia electrónica (grillete).