“Luego de la nulidad empezo la persecucion”

La abogada Madeline Pinargote Valencia no puede evitar las lágrimas al hablar de su pequeño hijo. Aparentemente, dice que se ve bien, pero los médicos le han advertido que a futuro podría tener complicaciones psicológicas.

Un aviso que como madre la hunde en una depresión, más aún, al tener la certeza de que la situación de su pequeño sería consecuencia de lo que vivió dentro de la Función Judicial, en lo que califica como una persecución e intromisión a la justicia ecuatoriana.

A cuatro meses de su salida como jueza de Garantías Penales de la Corte Provincial del Guayas, Pinargote decide revelar lo que experimentó tras emitir una resolución como autoridad judicial, cargo al que llegó por concurso en 2010.

Trata de contener la impotencia de no encontrar ahora justicia para ella. Hoy, enfrenta no solo la destitución, sino un llamamiento a juicio por un presunto delito de prevaricato y otra investigación por un supuesto lavado de activos. Todo, tras haber anulado lo actuado por la Fiscalía en el caso Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons), en audiencia del 28 de julio de 2014.

“Ella (Pinargote) realiza una nulidad al amparo de su jurisdicción y competencia establecidas en el artículo 193 del Código Orgánico de la Función Judicial y 168-3 de la Constitución... que habla de la independencia externa e interna de la Función Judicial”, explica Djalma Blum, quien patrocina a Pinargote y, quien prefirió renunciar al cargo de jueza Penal del Guayas (lea en la subnota los motivos).

“Luego de esta declaratoria de nulidad -que fue ratificada por jueces de la Sala Penal del Guayas- empezó una persecución por parte de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de la Judicatura”, asegura Blum.

¿En qué sentido fue esa persecución? Según cuenta, tanto la Judicatura como la Fiscalía le solicitaron en reiteradas ocasiones a Pinargote que se excuse del conocimiento del expediente porque había vuelto a indagación previa, pero no lo hizo.

El 15 de enero de 2015 dictó una providencia mediante la cual ordenó que se levante la retención de más de 55 millones de dólares, pertenecientes a las empresas investigadas, confiscación que lo había dispuesto un juez de Flagrancia de Quito y, a quien, según el fiscal general del Estado, le tocaba levantar esa medida. Algo que refuta Blum, al señalar que Pinargote “era la competente en virtud del sorteo electrónico de esa causa”.

Lo más grave que revela ocurrió el 21 de enero de 2015, cuando, luego de despachar -a las 09:28- un nuevo pedido fiscal para que se excuse, llegaron a su despacho cinco personas.

“Uno de ellos se identificó como juez civil y los otros cuatro como funcionarios de los departamentos de Transparencia y Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura, quienes -sin importar mi estado gestacional- me ordenaron que me excuse del conocimiento del expediente o revoque el auto de fecha 15 de enero de 2015, a las 08:44...”. “Al expresarles que no tenía razones para excusarme... se sentó en mi silla el juez civil que procedió a elaborar el auto (providencia), de fecha 21 de enero de 2015, a las 12:39, que finalmente me obligaron a firmar”, señala Pinargote en una demanda de acción de protección que presentó en contra de la Judicatura, pero que no prosperó.

¿Pero qué decía la segunda providencia? Que se excusaba de seguir conociendo esa causa y que se mantenga vigente la retención del dinero incautado.

EXPRESO solicitó a la Judicatura su versión en este y otros casos de supuesta intromisión a la justicia, denunciado por otros exjueces. No hubo respuestas.

Tras las presiones que recibía, Pinargote afirma que en septiembre de 2014 tuvo un aborto. En diciembre del mismo año quedó nuevamente embarazada, por lo que -asegura- imploró a varios superiores que la ayudaran para que no la sigan hostigando. Nadie la amparó.

A las 05:00 del 11 de septiembre de 2015, la Judicatura le notificó su destitución. Una hora después, nació su hijo. “No le pude dar de lactar porque (yo) lloraba todos los días”, cuenta la exjueza, quien ahora solo espera la justicia externa y la divina.

Los motivos

Una renuncia obligada

El 29 de mayo de 2015, la exjueza Djalma Blum remitió -vía electrónica- a sus superiores la renuncia al cargo.

Lo hizo luego de conocer, extraoficialmente, que se había dispuesto un expediente administrativo en su contra y un fiscal, “con los mismos efectos jurídicos recaídos” sobre otra jueza que fue destituida, tras proveer diligencias en el caso del Banco Territorial.

Enseguida pidió medidas cautelares internacionales “porque avizoré todo esto que iba a pasar luego del ensañamiento que yo también tuve al haber dictado la sentencia del caso Jairala-Monge”.

Blum dice que no espera apoyo dentro del país, pero sí busca que en el exterior sepan que “en la Función Judicial no hay independencia... que juez que no está con ellos es perseguido, destituido u obligado a renunciar...”. PVC