La última papeleta de binomio presidencial se terminó de imprimir ayer, a escasos diez días de las comicios generales del 7 de febrero próximo. Sin embargo, el ciclo no estaba del todo terminado. Según el reporte enviado por el Instituto Geográfico Militar (IGM), de los 13,1 millones de documentos de votación impresos para esta dignidad, se había entregado, hasta el jueves, el 91,8 % para la conformación del paquete electoral.

Pese a ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) arrancó ayer con la distribución de los kits hacia las islas Galápagos y la región Amazónica. Entre martes y miércoles comenzaron a ser enviados los documentos de votación a las delegaciones del exterior, pero sin la papeleta de parlamentarios andinos.

Hasta ayer, no hubo un pronunciamiento oficial sobre el futuro de la elección de esa dignidad, pese a que la presidenta del CNE, Diana Atamaint, había anunciado que el 28 de enero era la fecha límite para que el organismo a su cargo tome una decisión en firme, si el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no le certificaba la existencia o no de más recursos.

Esa resolución nunca llegó de parte de las autoridades electorales y fue más bien el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, quien salió a confirmar lo que es un hecho desde hace más de una semana: “la papeleta de parlamentarios andinos definitivamente irá en la segunda vuelta, de existir”, dijo el funcionario gubernamental.

La decisión del CNE de empezar cuanto antes con la distribución de los paquetes electorales no disipa las dudas que tienen los actores políticos y de la sociedad civil. Carlos Aguinaga, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), considera que el organismo electoral está actuando al límite de los plazos, especialmente en el envío del material hacia el exterior.

“El envío y la logística dentro del país se podría decir que es sencilla y manejable a menos de dos semanas de las elecciones. Me preocupa lo que pueda pasar con el futuro de los kits que recién son enviados a otros países. Eso se debió hacer con anticipación”, opinó Aguinaga.

A los continentes más alejados (África y Oceanía) en los que hay votantes ecuatorianos, las encomiendas electorales pueden tomar hasta una semana para llegar. A eso se suma que las restricciones de movilidad y de control por la pandemia de COVID-19 han provocado que los procesos de embarque, desembarque y movilización sean más lentos.

Algo más optimista se muestra Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, quien además forma parte del colectivo Voces por la Democracia, que ha hecho varios exhortos al CNE para que tome decisiones que garanticen un proceso electoral transparente.

“De alguna manera se podría decir que con el inicio de la distribución de los kits el CNE está recuperando, hasta cierto punto, el cronograma fijado. Es importante que lo hagan bien, sin cometer nuevos errores, porque esta desorganización y cuestionamientos podrían afectar directa o indirectamente los resultados electorales, lo que sería gravísimo”, consideró Mantilla.

Pero la responsabilidad no solo se quedaría en el CNE. Ambos analistas sugieren estudiar el origen de la serie de retrasos, que se generaron especialmente por los recursos interpuestos y las sentencias emitidas por los jueces electorales, tema que creen deberá ser analizado profundamente, a nivel político, una vez que concluyan los comicios.

Los pagos no se cumplen

A cada paso, un nuevo inconveniente. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, informó ayer que hay un “grave problema” financiero en torno al traslado, logística y seguridad del proceso electoral.

El funcionario aseguró ayer que pese a que se firmó un convenio con el CNE para cumplir con este trabajo, el pago todavía está pendiente.