Cuatro, cinco, siete. A jueces y tribunales les ha tocado reagendar audiencias en números indeterminados de ocasiones por pedido de fiscales y procesados.

El caso de paralización de servicios públicos que se sigue en contra de los dirigentes del taxismo y de Fenacotip, Jorge Calderón y Abel Gómez, respectivamente, es solo un ejemplo de los diferimientos de audiencias.

En el caso de Calderón el cambio de abogado, el posible contagio con COVID-19 de su nuevo defensor, sus presuntos problemas de salud han llevado a tres suspensiones del juicio desde la primera convocatoria el 21 de abril, a las 08:30.

El caso fue sorteado a tribunales el 31 de diciembre de 2020, a las 10:15. Ambos dirigentes fueron investigados por posible paralización de servicio público.

Ellos son parte de los sospechosos de liderar las protestas con las que se inició la violenta paralización indígena de octubre de 2019, que dos años después aún no tiene sentencia.

Es uno de los casos que abrió la Fiscalía tras las jornadas de octubre. Hay llamados a juicio pero ningún sentenciado. En la misma situación se encuentra el caso que involucró a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y al exasambleísta correísta Virgilio Hernández. Esa causa se consideró reservada y las actuaciones no se conocen. Tampoco se ha podido juzgar a los sospechosos del incendio de la Contraloría.

En el caso de Calderón y Gómez, los pedidos han venido solo de Calderón. Además del intento de instalar el juicio en abril hubo otro el 15 de julio a las 08:30 y el 30 del mismo mes pero sin resultados por las condiciones de salud del dirigente.

Uno de sus familiares llegó a enviar al tribunal un informe que señala que presenta un cuadro clínico de neumonía atípica, insuficiencia respiratoria y requerimiento de oxígeno domiciliario, como parte de las excusas. Los jueces concluyeron que “cada vez que el tribunal convoca a la audiencia, el procesado se pone grave y eso es respaldado por el Dr. Fausto Maldonado”. A pesar de eso concedieron la nueva postergación “pese a lo confuso y amañado que resulta el ‘informe médico’”.

El 9 de septiembre el tribunal fijó una cuarta fecha. Será el 8 y 9 de diciembre a las 14:30. EXPRESO consultó a Calderón sobre las dilaciones. “Lamentablemente me cogió el COVID, fui intubado con el 83 % de probabilidad de fallecer pero Dios no me quiso llevar”, respondió. Añadió: “a mí no me cogieron quemando llantas, agitando, marchando como Pérez, vendiendo medicinas, ni droga, ni armas”.

El abogado Nicolás Salas opina que los diferimientos, cuando son sin motivo, retrasan las decisiones judiciales y atentan a la tutela judicial efectiva, pues va en contra del juzgamiento en plazo razonable.

Cree que si es un litigio de mala fe sí debe haber sanción, pero, si es por causas atribuibles a Fiscalía el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que debe haber responsabilidad administrativa. Paúl Ocaña considera que todos los pedidos de diferimiento deberían ser justificados. Si es por salud debe haber el certificado y el reconocimiento de la firma del médico.

Ivonne Núñez, jueza de la Corte de Guayas, dice que no han sancionado ni impuesto multa alguna porque se imponen principios jurídicos en la litigación como lealtad procesal y buena fe.

Cuando buscan dilatar procesos se debe imponer correctivos que van desde multas compulsivas y progresivas, puntualiza.

EL DETALLE 

Suspensión. Los diferimientos de audiencias también se dan por pedidos de excusa o recusación de jueces o miembros de los tribunales de juicio.

Programación

Audiencias en fecha lejana

El abogado Carlos Alvear opina que el gran problema es que luego de cada suspensión, se fija la reanudación en fechas lejanas por la gran carga procesal. Si los jueces tuvieran una menor carga, las suspensiones tendrían prontas reanudaciones haciendo más ágiles los procesos, pero esa no es la realidad nacional.