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Juicio político a Diana Salazar: Gissela Garzón omite lo que le conviene

El correísmo acusa a Diana Salazar de todo lo que puede, pero calla lo que le salpica.  El documento de formulación de cargos estuvo perdido un día.

Gissela Garzón
Protagonista. La correísta Gissela Garzón (en el centro) será la ponente del juicio político a la fiscal. Hasta la víspera, no tenía mayor idea de los cargos.Gustavo Guamán

Un rabo de paja de aquí a Bélgica: es la característica más visible del documento de argumentación jurídica que el correísmo adjuntó a su pedido de juicio político a la fiscal Diana Salazar. Son cien páginas que tardaron casi un día en aparecer, acaso porque las estaban terminando, bastante al apuro y sin mayor cuidado, entre varias manos que cumplían a rajatabla el precepto evangélico: la izquierda no tenía una remota idea de lo que hacía la derecha. El resultado es un amasijo de causales, desenfrenado en su acumulación interminable pero extremadamente cuidadoso en sus omisiones, entre las cuales se cuentan todos aquellos casos que pudieran incomodar a los delincuentes prófugos y presos de la bancada interpelante y alguno que no sería del agrado de sus ocasionales aliados. En otras palabras: el juicio político a la fiscal es un ataque con bombas de racimo: sin mucha inteligencia pero a lo bestia.

Está claro que ni siquiera la firmante del documento y ponente del juicio, la correísta Gissela Garzón, conocía el conjunto de cargos que se imputarían a la fiscal cuando los anunció el lunes por la mañana. Ella habló de la inseguridad, de la incapacidad de Diana Salazar para defender a sus propios fiscales, de su negligencia a la hora de trazar una estrategia para luchar contra el delito… Todo eso quedó recogido apenas en las diez primeras páginas, correspondientes al marco teórico del juicio y que, curiosamente, no tienen nada que ver con lo que sigue.

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Trece causales, la mayoría de ellas por responsabilidad por omisión. No haber abierto un proceso en el caso Narcogenerales, a pesar de la denuncia pública del embajador de Estados Unidos y de un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría; no haber superado la fase de indagación previa en el caso Petroecuador, o Danubio, tras un año, tres meses y 25 días de investigación; lo mismo en el caso de presunto peculado y enriquecimiento ilícito contra el exministro de Salud Mauro Falconí, a quien se le encontraron 47 mil dólares en efectivo guardados en una mochila; no haber investigado un caso de conflicto de intereses del que fue informada por el Tribunal de lo Contencioso Electoral (el caso Santiago Guarderas vs. Jorge Yunda); no haber iniciado acción penal pública por tráfico de influencias contra el exministro de Salud Juan Carlos Zevallos, por el caso Vacunados VIP…

En realidad, puestos a enumerar las omisiones de la Fiscalía, los correístas se quedan sospechosamente cortos: reclaman la falta de acciones para juzgar a los policías que violaron los derechos humanos en las violentas jornadas de octubre de 2019, pero nada dicen sobre los secuestradores, agresores sexuales e instigadores que actuaron del otro lado, que no por casualidad es el suyo. Acusan a la fiscal de inacción ante el uso de recursos públicos con fines electorales en la consulta popular de 2018, pero pasan por alto que sus alcaldes o prefectos de Quito, Azuay y Guayas incurrieron en transgresiones parecidas en las últimas presidenciales; y la celeridad que reclaman en el caso INA Papers les parece persecutoria en el caso de Jorge Glas y los recursos para la reconstrucción de Manabí. Tampoco les molesta la falta de acciones en los casos Coca Codo, o Nilsen Arias, o Jorge Yunda, o J. J. Franco, por ejemplo, quizá porque quieren asegurar los votos socialcristianos.

Pero hay también acusaciones gruesas: de encubrimiento en el caso León de Troya; de fraude procesal en el caso Freddy Carrión; de haber “fraguado un resultado (judicial) para interferir en la democracia y en las elecciones de 2021”, en el caso Sobornos. A eso hay que sumar la deficiente gestión administrativa, la baja productividad, la falta de mecanismos de seguimiento y mejora... En suma, el correísmo va con todas.

Cierra el documento el anuncio de la prueba: 12 escuetas páginas. ¿Será suficiente para batir a Diana Salazar, una funcionaria que lleva años esperando este momento?

¿Qué harán los aliados?

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Bastaron las firmas del correísmo para proponer el juicio político contra la fiscal. ¿Y los aliados? Tanto socialcristianos como oficialistas han dicho que no apoyarán. ¿Qué cosa? “Esta solicitud”, según Vicente Taiano; “el pedido del correísmo”, según Eckenner Recalde. Palabras con las que evitan que Rafael Correa les jale las orejas por el Twitter y dejan abierto lo de fondo: si apoyarán o no la censura de la fiscal.