No habrá juicio político contra Lenín Moreno: la Asamblea Nacional entendió que la Constitución correísta le priva de esa competencia. Tras más de tres horas de debate, el Pleno resolvió por unanimidad rechazar el informe de gestión del expresidente y remitirlo a la Contraloría y a la Fiscalía, pero no a la Comisión de Fiscalización. Los correístas, que eran los más empeñados en este asunto, desistieron para facilitar el consenso. Fue el cerebro de esa bancada, Pabel Muñoz, quien propuso renunciar al juicio político. No porque sea inconstitucional, cosa que no le preocupa. Lo hizo como un gesto de magnánima concesión a aquellos asambleístas a quienes preocupa “esa leguleyada” (así dijo).

Muñoz cree que la inconstitucionalidad del juicio político a un expresidente es debatible. “Si uno quisiera desarrollar jurídicamente, en extensión, lo que dice la Constitución -despachó minutos antes de la sesión en una entrevista con la TV Legislativa- uno podría ver que los funcionarios, incluso los ministros, tienen que responder por su gestión hasta un año después. ¿Por qué no el presidente?”. Pues precisamente porque su partido lo estableció así con claridad para cubrir la salida de su líder, el hoy prófugo de la justicia Rafael Correa. La inconstitucionalidad del juicio político fue puesta sobre el tapete por el asambleísta de CREO Diego Ordóñez y reconocida por la mayoría de bancadas.

En una cosa sí estuvieron todos de acuerdo: el informe de Moreno es un desastre. No solo fue entregado cuatro días después del plazo señalado (de hecho, debió leerlo ante la Asamblea el 24 de mayo, en la ceremonia de transmisión de mando, pero prefirió no hacerlo) sino que carece de todo rigor conceptual y metodológico, omite los cuadros estadísticos y los anexos que permitan corroborar los aciertos que el expresidente se atribuye, falsea las cifras y contiene, en fin, una serie de inconsistencias que no pasaron el análisis de comisión encargada de conocerlo: la de Desarrollo Económico. El informe que esa comisión aprobó con los votos a favor de una mayoría integrada por correístas y socialcristianos habla de falsedad ideológica y ocultamiento de información.

Tres cosas había propuesto la Comisión: rechazar el informe presidencial, pedir a la Contraloría que lo audite y remitirlo a la Fiscalía para judicializar el caso y a la Comisión de Fiscalización para que inicie un juicio político contra el exmandatario. El secretario de la Asamblea, cuyo desparpajo para la lectura es francamente incompatible con su cargo, casi se come estas palabras (juicio político) cuando se encontró con ellas en el informe de la Comisión de Desarrollo Económico.

También la presidenta de esa comisión, Mireya Pazmiño, de Pachakutik, pasó por alto la propuesta de juicio político en el interminable discurso que leyó entrecortadamente para presentar el informe. Ella se centró en los fracasos del gobierno de Lenín Moreno, inexplicables porque no le faltaron recursos para cumplir con su plan de gobierno, según dijo contra toda evidencia. Y presentó una serie de indicadores que harían de Moreno, tal como quieren los correístas, el peor gobierno de la historia del Ecuador.

Ordóñez explicó esa coincidencia: el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, denunció, no fue redactado por la subcomisión nombrada para tal efecto, sino por el asesor de la presidenta Pazmiño. ¿Quién es ese? “Un connotado correísta: el exministro de Economía de Moreno Carlos de la Torre”. Eso explica, según Ordóñez, que los datos de partida en el informe de la Comisión, falseen las cifras (de deuda, de crecimiento, de déficit público...) del gobierno de Correa, sin las cuales es imposible contextualizar la administración de su sucesor.

Ordóñez, Salvador Quishpe, César Rohón… No se compran el discurso correísta. Creen que el mal desempeño de Lenín Moreno tiene que ver, en primer lugar, con el país que recibió de Rafael Correa: “Un país destruido económicamente –precisó Rohón-, un país altamente endeudado, un país sin recursos, sin ahorro interno, sin reservas, un país donde se habían tomado las reservas monetarias del Banco Central en casi 8 mil millones, las reservas del seguro social por 11 mil millones, los fondos de la Policía, de los maestros, los pocos fondos petroleros que quedaron…”. Y Quishpe: “¿Acaso no fueron los contratos de venta anticipada de petróleo -preguntó- los que nos tiene en crisis? ¿Quiénes fueron los que firmaron esos contratos?”.

Pabel Muñoz discrepa: “A Moreno hay que compararlo con Moreno”, dijo: lo que prometió en 2017 y lo que cumplió hasta 2021. Y lo cumplido, según él, es apenas el 11 por ciento de su plan de gobierno. Esta cifra saltó, finalmente, al texto aprobado por el Pleno: “Rechazar -dice- el informe de gestión del expresidente por haber cumplido sólo el 11,4 por ciento de las metas de su propio plan nacional de desarrollo”. Lo que en buena gramática significa, literalmente, que el incumplido no fue Lenín Moreno: fue su informe.