La Judicatura demanda
El organismo reclama por los daños y perjuicios La base es el informe de la Contraloría Indra esperará la notificación oficial
El Consejo de la Judicatura pasó al ataque. La fallida instalación del sistema Justicia 2.0 se peleará, en un nuevo proceso, ante los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo.
El organismo quiere que la multinacional española Indra Sistemas S.A. lo compense económicamente por el incumplimiento del contrato y por los daños y perjuicios que eso le ocasionó. Pide una indemnización de 32 millones de dólares.
Ayer, a las 09:51, Tomás Alvear, director general de la Judicatura, llegó al Tribunal. Esperó nueve minutos hasta que la encargada del ingreso de documentos contara cada una de las hojas de su escrito.
¿Por qué demandan ahora? Es la respuesta del organismo judicial al anuncio que hizo Indra sobre un posible proceso legal contra el Estado, incluso en instancias internacionales.
El enredo empezó en 2011. Ese año, el Consejo de la Judicatura de Transición, dirigido por Paulo Rodríguez, adjudicó a Indra el contrato para la instalación de un sistema informático. Después, una comisión técnica recibió ‘a satisfacción’ el aplicativo, según la defensa de la empresa española.
Los problemas empezaron con las pruebas piloto que se hicieron en Santa Elena. Indra, según la Judicatura, no entregó todo lo que se había solicitado. Y, como suele suceder en estos casos, intervino la Contraloría.
En 2014, la entidad de control emitió un informe en el que puso en evidencia las supuestas irregularidades. Fijó, además, una glosa en contra de la empresa y dos exfuncionarios de la Judicatura.
Indra y uno de los involucrados pidieron la nulidad de esa glosa. La acción aún está en trámite, también, en el Contencioso Administrativo.
Y ahora se suma la demanda de la Judicatura reclamando la devolución del dinero pagado y que le reconozcan los daños ocasionados.
¿Por qué no se inició una acción penal? La Judicatura, explicaron las autoridades del organismo, está limitada por el informe de la Contraloría. En ese documento solo se señalaron responsabilidades civiles.
Aunque, todavía queda un vacío: Indra habría sido contratada sin cumplir con los requisitos iniciales establecidos en los pliegos. “La Contraloría debería hacer una examen de cómo así se contrató esa oferta si no cumplía con los pliegos”, dijo, Esteban Zavala, director de asesoría jurídica.
