El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) nombró la noche del jueves 20 de octubre a Juan Carlos Larrea Valencia como procurador general del Estado, en reemplazo de Íñigo Salvador.

Larrea, de 51 años, era el tercero de la terna que fue enviada por el presidente Guillermo Lasso en agosto pasado. El primero era Juan Enmanuel Izquierdo Intriago, seguido por Yolanda Narciza de Jesús Salgado Guerrón.

El nuevo procurador es abogado graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) y empezó su carrera en el sector público como coordinador del Área Legal del Servicio de Rentas Internas (SRI) en 1999. También registra un paso por el Consejo de la Judicatura en 2017, bajo la actividad de servicios profesionales, según su declaración juramentada de bienes de ese año, en los documentos de la Contraloría. En dicho informe se enlistan activos que sumaban $ 251 mil, como una vivienda de $ 200 mil. Sus pasivos ascendían a $ 53 mil.

En cambio, en el sector privado ocupó el cargo de gerente legal de Holcim Ecuador S. A. entre 2011 y 2013, y ha sido parte de los estudios jurídicos Moeller-Lince & Cía. y Larrea Canessa Barriga Abogados. Además, ha sido profesor de Derechos Económico, Derecho Mercantil, Práctica Tributaria y Derechos Societarios en la Universidad de Guayaquil.

El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, calificó a la terna enviada por el Ejecutivo como de “lujo”. Sin embargo, el funcionario reconoció que, al haberse presentado impugnaciones en contra de Izquierdo y Salgado, quedaba la sensación de que podrían tener más escollos durante su gestión, pese a que ambas fueron negadas.

“Espero estar a la altura de la confianza que tan alto cuerpo colegiado ha depositado en mí. Ofrezco trabajo serio y técnico. Vamos a cumplir los puntos del plan de trabajo para llevar a la Procuraduría a niveles de eficiencia técnica”, dijo Larrea tras una posesión simbólica.

La resolución, adoptada con los votos de Ulloa, la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira y los consejeros Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, será notificada a la Asamblea para que haga la posesión oficial de la nueva autoridad.

Actualmente Juan Carlos Larrea tiene acciones de las empresas Lcbserv S. A. y Sage Services Environnement, según los registros de la Superintendencia de Compañías.

La Superintendencia de Bancos, en cambio, registra el nombre del nuevo procurador en el listado de los siete mil accionistas del Banco de Guayaquil, según los registros oficiales del portal web de esa institución pública. Se desconoce si su participación es minoritaria o mayoritaria.

Al respecto, Diario EXPRESO pidió comentarios a Larrea, a través de su número telefónico, su correo electrónico y de la recepcionista de su compañía. Estába pendiente la respuesta hasta el cierre de la edición en su versión de papel. Sin embargo, pasadas las 18:00, el jurista contestó por vía WhatsApp.

"Le comento que, como ha sido acreditado en el proceso seguido en el CPCCS, he cumplido todos los requisitos previstos en la normativa y, que, no me encuentro incurso en ninguna prohibición o limitación constitucional o legal", dijo Larrea.

En un mensaje previo comentó que "solo por un tema de respeto al procurador actual y no implicar ninguna forma de intromisión en el ejercicio de sus atribuciones, le pido que cualquier comentario, nota o entrevista podamos hacerla a partir de mi posesión ante la Asamblea".

Este Diario también revisó los registrós que tiene el Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre los pagos que Larrea ha realizado desde el año 2000 por impuesto a la renta (IR). Esos registros han fluctuado entre los $ 900 y los $ 34 mil. Por ejemplo, el abogado pagó $ 9.628 por el ejercicio fiscal de 2018, $ 27.377 por el de 2019, $ 34.727 por el del año 2020 y $ 1.751 por el de 2021.