La pregunta seis del referéndum planteado por el presidente Guillermo Lasso busca reactivar el protagonismo de la Función Ejecutiva y de otras instituciones estatales en la designación de los titulares de los organismos de control.

Esto retiraría las atribuciones que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al que se acusa de haberse politizado y de un letargo en su funcionamiento. De ahí que varios sectores políticos y sociales hayan pedido este cambio.

Las explicaciones y justificaciones, contenidas en los anexos, en torno a esta pregunta ya se encuentran bajo análisis de la Corte Constitucional (CC) y empezaron a generar debate sobre la influencia que podría alcanzar el Ejecutivo, sin importar quién esté al frente, sobre las ternas que envíe a la Asamblea Nacional.

El Gobierno defiende la propuesta. Dice que el sistema de designación que plantea el presidente Lasso no replica lo de la Constitución de 1998 en la que primaba la nominación de un órgano y la aceptación de otro, que por lo general era el Congreso de la época.

“Mientras que este proyecto de enmienda prevé una nominación desconcentrada -en la que intervienen varias autoridades- que garantiza el principio de meritocracia; y una Legislatura que garantiza el escrutinio público y que tiene la obligación de motivar sus decisiones”, señala el documento.

Se refiere al hecho de que, por ejemplo, la terna para elegir contralor del Estado se construirá de binomios presentados por la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado y el presidente de la República quien, además, será el encargado de remitirla a la Asamblea (ver gráfico).

Para la abogada constitucionalista Ximena Ron Erráez, ahí está el primer detalle. “Se habla de una selección a partir de ternas enviadas por el Ejecutivo y otras instituciones, dependiendo de la entidad, pero será el Ejecutivo el que establezca el orden de prelación de los candidatos a ser autoridades”, señaló la jurista.

Por ahora, la CC analiza la vía que debe seguir esta y las siete preguntas restantes. Podría sugerir que vaya como enmienda, reforma o a una Asamblea Constituyente. Todo apunta que la opción será la primera, porque en 2019 ya se preguntó sobre el traspaso de funciones de designación del CPCCS a la Asamblea y la Corte determinó que sería a través de enmienda.

El abogado constitucionalista Esteban Ron dijo a EXPRESO que la propuesta es viable porque la técnica que se está usando es la de la enmienda constitucional, porque no altera elementos sustanciales del Estado, ya que se mantiene la existencia del CPCCS.

“La Corte Constitucional ya dijo que si se quieren cambiar las funciones del Consejo de Participación debía darse a través de la enmienda y eso produjo que se cree una Comisión Permanente Especializada de Justicia y Estructura del Estado. El problema es que en ese entonces no hubo los votos, pero el procedimiento está dado”, señaló Ron.