Que un equipo de diario El Comercio integrado por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, secuestrado en la frontera con Colombia el 26 de marzo, apareciera con cadenas en el cuello en un video publicado por el canal colombiano RCN la madrugada del martes, fue un hecho insólito y conmovedor, especialmente para sus familiares, tanto más que el periodista Ortega fue el encargado de enviar el mensaje de sus captores, pidiendo la liberación de tres detenidos por las autoridades ecuatorianas, además de plantear la anulación del convenio de cooperación con Colombia, destinado a terminar con el terrorismo. El Ejecutivo ecuatoriano ha rechazado la “mediatización del video” por parte del canal colombiano, argumentando que afecta al “proceso de investigación” interno, aunque el ministro del Interior César Navas considera que el video ha permitido constatar las condiciones estables de los secuestrados. En realidad el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, ha razonado desde la lógica de que será Ecuador quien maneje la línea de comunicaciones respecto del secuestro, por haber ocurrido dentro de territorio ecuatoriano, específicamente en Mataje -según precisa también el fiscal de Colombia, Néstor Martínez-, en la provincia de Esmeraldas, donde hace varias semanas los medios dieron amplia noticia del violento atentado con explosivos en la base de San Lorenzo, seguida por otra de la detonación de un artefacto explosivo en la localidad de Viche, de la misma provincia. Mucho más, si hace unos días a través de Caracol TV de Colombia, un testigo habría relatado cómo opera la célebre banda de El Guacho, que tiene su asiento en el Departamento de Nariño, frontera con Ecuador, pero que ocupa también territorio ecuatoriano, donde tiene un campo en el que se entrenan a 1.000 hombres. De donde resulta obligado que el Gobierno ecuatoriano deba mantener el estado de excepción que por disposición suya rige hoy en la zona, y preocuparse realmente por hacerse cargo de la seguridad en toda esa parte de la frontera con Colombia, donde Nariño ha sido siempre zona de tráfico de droga y actos de violencia. Gobernar es mucho más que culpar de todos los males al gobierno anterior, y desde luego no reconocerle mérito alguno.