Inseguridad en Quito: qué hacen otras urbes de América Latina que aquí no se aplica

En Quito, los ataques armados y asaltos generan la sensación de que la capital pierde espacio ante la violencia. Las personas se encierran en sus casas, dejan de ocupar áreas públicas y el temor se difunde por las múltiples denuncias de disparos y robos en zonas que antes eran consideradas tranquilas.

Por todo eso existe preocupación por el ambiente de inseguridad en la urbe. Frente a ello, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, suele mencionar que la seguridad es competencia del Gobierno central.

Sin embargo, tres expertos de Colombia y Chile hablan de las iniciativas aplicadas en las alcaldías de la región, desde hace décadas, que han dado resultados en Santiago, Medellín y Bogotá, con lo que queda claro que los municipios no pueden esquivar el tema, aunque no existen recetas de éxito aseguradas para combatir la inseguridad y la violencia en las urbes.

EXPRESO entrevistó a Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Además, a los colombianos Juan Carlos Ruiz, profesor y experto de la Universidad del Rosario; y a Andrés Macías, investigador de la Universidad Externado.

¿Cuál es el rol de municipios como el de Quito?

Alejandra Mohor dice que desde hace 20 años, en América Latina, se preguntan: ¿cómo trabajar por la seguridad? Menciona como un caso simbólico el de Medellín, “una ciudad sumida en problemas de violencia, por el narcotráfico. La expectativa no fue acabar con los delitos sino intervenir de manera integral”.

La experta aclara que las autoridades locales deben distinguir ámbitos de competencia en países como Ecuador, Chile, Perú y Colombia, donde el rol de los municipios es preventivo, socio comunitario y situacional.  

En esa línea señala que hay que ofrecer alternativas a niños, niñas y adolescentes para el uso del tiempo libre, que tengan dónde ir a escuchar música o a bailar; trabajar en desarrollo urbano, en habilitar espacios comunitarios, evitar que caigan en deterioro y que sean usados para comercio ilícito y tráfico de sustancias.

Los planes comunales de seguridad pública deben articularse con otras instancias

Alejandra Mohor menciona que en la región, desde hace unos 15 años, se han constituido consejos cantonales. En el caso de Chile, son consejos comunales de seguridad, instancias de articulación interinstitucional para identificar problemas en el territorio, desde lo preventivo. Los municipios deben elaborar un plan comunal de seguridad pública, articulados a la policía, salud, educación y organizaciones comunitarias.

En Santiago, explica, hay 52 municipios con alcaldes, no es un solo gobierno de la ciudad. “Experiencias como la de Peñalolén no bastan, pero son alternativas para después de clases y adecuada ocupación del espacio público, que le achican el espacio a la criminalidad. También habla de la patrulla Maria da Penha, en Brasil, en la línea de trabajo contra la violencia al interior de hogares, mientras que en Chile, en Estación Central, hay vehículos de vigilancia municipal para esas situaciones.

¿Qué hicieron en otras urbes como Medellín?

Juan Carlos Ruiz, de Colombia, recuerda que en 1991, Medellín fue un caso excepcional. Registró 373 homicidios por 100.000 habitantes. Hoy, en el ranking de las ciudades más violentas, el máximo es 140 homicidios. En su país -apunta- hay 1.104 municipios, no todos con presupuesto para seguridad.

En Medellín se habla del ‘milagro’, confirma, porque ahora reportan 16 homicidios por 100.000 habitantes. Hubo una fuerte inversión en institucionalidad: una Secretaría de Seguridad, un observatorio; políticas en sectores vulnerables dirigidas a adolescentes y jóvenes, ya que el sicariato es ejercido por esa población. Y esa ciudad fue su cuna por obra de Pablo Escobar y su cartel. El gobierno nacional también aumentó el presupuesto en esta materia y hubo cooperación internacional, con el Plan Colombia.

El Municipio lidera, pero hay que sumar a otros sectores como las cámaras

Asimismo, Ruiz cuenta que las Cámaras de Comercio en Bogotá y en Medellín aportaron para la Policía y las universidades estudiaron más el fenómeno y propusieron soluciones. Y desde 1993 hubo un marco normativo en Colombia, por el que cada municipio debe contar con un plan integral para cinco años.

En Medellín, destaca el experto, se apostó en infraestructura, con el metro y teleférico, para acercar la ciudad abandonada a la central. Así disminuyó la marginalidad en las comunas y hubo iniciativas para jóvenes de estratos populares, que podían caer en criminalidad.

La teoría de las ventanas rotas: zonas abandonadas son un riesgo

Sobre el abandono de algunas zonas de Quito, Ruiz recordó la teoría de las ventanas rotas de los ochenta, que irradió estrategias de seguridad en Estados Unidos.  

“En sectores sin dolientes ni control, se delinque en impunidad; son infiernos sobre la tierra; la gente se recluye en casa, luego trata de vender sus viviendas; esos espacios son tomados por consumidores de droga y habitantes de calle”.  

Enrique Peñalosa demolió el Cartucho y la calle del Bronx, sacó a todas las mafias y construyó. Se ha hecho en Washington.

Las Redes Cuidadanas, en Colombia

Andrés Macías Tolosa, experto en seguridad, cuenta que en Bogotá hay Redes Cuidadanas, lideradas por la Secretaría de Seguridad, que cubren unos 200 metros.

Residentes, comercios y restaurantes hacen acuerdos para comunicarse y cuidarse entre ellos, informan a las autoridades sobre movimientos extraños y denuncian casos de extorsión. Apunta que las alcaldías tienen autonomía y presupuestos para actuar en materia de seguridad, aunque el Ministerio de Defensa determina cuántos policías van a las urbes y hay déficit. 

Macías Tolosa menciona como limitante la falta de articulación, por disputas porque el presidente y el alcalde tienen líneas políticas diferentes. Ese es un problema ya que las bandas en la ciudad pertenecen a grupos criminales y de narcotráfico que operan en el país.

¿Cuánto reúne el Municipio de Quito por la tasa de seguridad?

Inversión. Con la tasa de seguridad, de 2023 a 2025, el Municipio invirtió USD 12 millones en la Policía, en vehículos para patrullaje, UPC y hasta un software forense para extraer datos de los teléfonos. También en alarmas comunitarias. En este año se invertirá en la Policía Metropolitana.

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