Se dieron cuenta de que se les fue la mano y echaron un paso atrás: fue el asambleísta Pedro Zapata, representante socialcristiano en la comisión parlamentaria que investiga el caso Encuentro, quien propuso eliminar de las causales del juicio político al presidente de la República las palabras “traición a la patria”. Los demás lo escucharon como oír llover: nadie replicó, nadie apoyó, nadie hizo preguntas... Solo el oficialista Gruber Zambrano quiso saber por qué el repentino cambio y nadie le contestó. Ahí parecía que quedaba la cosa. Cerca del final, cuando se aprestaban a votar el informe que propone el enjuiciamiento y destitución de Guillermo Lasso, anunció Zapata que había presentado una moción por escrito: ah, eso sí. Votaron: todos los correístas y sus aliados, que en la comisión son cinco de siete, dijeron ‘sí’. En el fondo, sabían que las palabras “traición a la patria” (solo las palabras: la argumentación queda intacta) no serían admitidas por la Corte Constitucional. ¿Lo será todo lo demás? Quedó en firme la acusación de “delitos contra la seguridad del Estado” y responsabilidad por omisión en cohecho, peculado y concusión. O algo así. El informe se aprobó con seis votos a favor y uno en contra.

Harto público asistió a la última sesión de la comisión ocasional. Una treintena había solicitado derecho a la palabra pero, al final, el correísmo decidió que no hacía falta alargar el debate. Ahí estaban, juntos y cómplices cociéndose en un mismo caldo, los socialcristianos Esteban Torres y Pablo Muentes con la correísta Mónica Palacios y la exvicepresidenta Yeseña Guamaní, de la Izquierda Democrática: los tres partidos más entusiastas en este proceso.

Al frente, sobre una mesa que los gastrónomos llamarían tocinera, se apilaban en evidente desorden fajos gordos de documentos que nadie requirió, incluida la decena de cajas negras que Andersson Boscán entregó con espectacularidad: contienen las copias de dos mil contratos del sector eléctrico que Fernando Villavicencio andaba entregando a quien se las pidiera y que no fueron usadas por la comisión en su informe ni por Boscán en su comparecencia. Pero cuando se trata de tumbar un presidente hay que hacer show.

Luego de la lectura de las 150 páginas argumentativas del informe, tomaron la palabra los siete miembros de la comisión. Mireya Pazmiño presentó la respuesta del presunto mafioso prófugo Leonardo Cortázar a las recientes denuncias que lo vinculan con la campaña del candidato correísta Andrés Arauz: que sí, dice, que para qué lo va a negar, que apoyó “territorialmente” a los correístas, pero “no fue nada económico, solo contingente”. Y que a Guillermo Lasso sí le dio un millón y medio. Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática, el más obsecuente aliado del correísmo en este golpe parlamentario (de hecho sería el encargado de mocionar la aprobación del informe), tomó la palabra para expresar su preocupación de que Guillermo Lasso se quede dos años más en el gobierno.

El oficialista Gruber Zambrano quiso saber quiénes son las “decenas de personas” que según la presidenta Veloz estaban trabajando en la redacción del informe: “nosotros somos siete y nuestros asesores no son tantos”, dijo. El supuesto independiente Diego Esparza (correísta, en realidad) opinó que la destitución del presidente “es lo mínimo”. Finalmente, la presidenta despachó un largo discurso de barricada populista en el que demolió a sus detractores y criticó hasta a los constitucionalistas, “alfiles del gobierno”, que han criticado el informe: “Ellos no saben lo que es la pobreza... Es fácil hablar desde el privilegio”.

A la hora de votar, la sorpresa corrió por cuenta del socialcristiano Pedro Zapata. Pidió tiempo para razonar su voto y desgranó una larga argumentación jurídica según la cual no había causal válida contra Guillermo Lasso: “Tanto yo como la bancada del PSC -dijo- no encontramos méritos suficientes que puedan sustentar un enjuiciamiento político del presidente. Al ser esta comisión, sin embargo, un órgano compuesto por más legisladores de diversas posturas ideológicas y políticas, respetables todas, voto a favor del informe con esta salvedad expuesta”. Así cualquiera entiende.

Una lógica demoledora

“Guillermo Lasso no tuvo ambages en ocultar la infiltración de la mafia albanesa”, acusó la presidenta de la comisión, Viviana Veloz. Y argumentó: “¿Acaso no es suficiente elemento probatorio el que, al ocultarlo, atentó contra la seguridad del Estado y que eso se tradujo en altos índices de criminalidad?”. Esta semana, contó, hubo tres muertes por sicariato en Santo Domingo. Por tanto, Lasso es culpable.