El 26 de marzo de 2018, cerca de las 09:00, se perdía el rastro de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Ellos integraban el equipo periodístico de diario El Comercio desplazado en San Lorenzo, Esmeraldas, para cubrir el atentado terrorista que provocó la muerte de cuatro infantes de Marina en la parroquia Mataje de ese cantón.

Dos años después del secuestro y posterior asesinato los familiares siguen esperando claridad en las circunstancias del hecho.

El aniversario llegó en medio de la emergencia sanitaria que tiene confinado en sus hogares a cerca de un 85 % de ecuatorianos. El estado de excepción y toque de queda decretado por el gobierno busca frenar la pandemia del COVID-19 que, hasta este jueves temprano, dejó ya 1.382 casos confirmados y 34 personas fallecidas.

La noticia de su secuestro solo se oficializó en horas de la noche del 26 de marzo de 2018. Hubo demandas, negociación y ruptura de las conversaciones. Su asesinato se produjo casi 15 días después. Pero sus cuerpos solo se pudieron recuperar a mediados de año.

Casi dos años después y a pesar de los ofrecimientos de la Fiscalía, las investigaciones aún no encuentran a los responsables del hecho.

Ricardo Rivas recordó que “hoy, dos años atrás mi hermano Paúl Rivas entraba en este proceso de ser privado de lo que más apreciaba él en la vida, su libertad”. Para Ricardo han sido dos años llenos de incertidumbre, de cuestionamientos, de luchar por encontrar una verdad que ha sido negada sistemáticamente por el gobierno. ¿Por qué después de tantos ofrecimientos públicos por encontrar esa verdad, esta no ha llegado? se preguntó.

Él sospecha que puede ser el temor de autoridades y del gobierno “de evidenciar una vez más esa falta de liderazgo en temas trascendentales, esa tibieza como se enfrentan las cosas que se relacionan con seres humanos, esa falta de visión a donde vamos como país”. Cree que también pudiera haber el temor a descubrir el nivel de involucramiento que podría existir de ciertas autoridades o exautoridades con actividades ilícitas. 

En Colombia han existido dos intentos por judicializar el caso. En ese país se han diferido dos ocasiones la audiencia de formulación de la acusación de alias ‘Barbas’ quien el día de la audiencia decidió cambiar de abogado. El 20 de febrero de este año debía instalarse la formulación de la acusación en contra de alias ‘Cherry’, quien presuntamente recibió a los secuestrados y hacia parte del primer anillo de seguridad que los custodiaba. 

En el Ecuador, destaca, el caso está en la Comisión de la Verdad de la Fiscalía. La funcionaria a cargo, reconoce Rivas, ha avanzado llamando a otras personas que inicialmente no fueron tomadas en cuenta y tenían relación con el caso. Pero le llama la atención que el general retirado “Pablo Aguirre no asiste a dicha citación, él es una persona clave en la investigación y que debe responder a muchas preguntas de aspectos que han salido en investigaciones periodísticas”, asegura.

Para Yadira Aguagallo, quien al momento de los hechos era pareja sentimental de Paúl Rivas es complejo hablar del tema porque “lo que pasa ahora, la desesperanza, la poca confianza, es una cosa sistemática, estructural”. Afirma que hace dos años también se evidenció la improvisación por parte de las autoridades, esa intención de no asumir responsabilidades que es lo que se vive hoy y se ha vivido en los dos años. “Dos años después del secuestro tenemos todos los elementos para decir que en este país no se quiere hacer justicia por Paúl, por Javier y por Efraín”.

Aguagallo manifiesta que si pudiese resumir lo que ha pasado en estos dos años desde la parte oficial, desde la investigación de la Fiscalía, desde las respuestas de las autoridades, es el silencio. Para ella ese silencio tiene como objetivo el olvido  porque tal vez esperan que conforme pasan los días familiares, colegas, compañeros y la sociedad vayan olvidando lo que ocurrió y empezó el 26 de marzo.

Recuerda que en 2019 la CIDH entregó recomendaciones para reencausar sus investigaciones y han pasado tres meses desde ese hecho y "la Fiscalía no se ha pronunciado alrededor de lo que va a hacer con ese informe, tampoco la Cancillería y la Procuraduría, pese a que esas autoridades estuvieron en las reuniones con la CIDH".

Galo Ortega, el papá de Javier dice que para él no ha pasado un día después que se marchó su hijo. "Estos dos años han sido muy duros, toda una tortura, por la negligencia de este gobierno y todos los políticos corruptos, incompetentes que actuaron en nuestra tragedia, y todo a sido muy negativo, en cuanto a la Fiscalía", argumenta.

Añade que cuando lo llevaba el caso el fiscal Wilson Toainga, actual subrogante de Diana Salazar, no hubo buenos resultados. "La investigación era demasiado lenta porque este no le convenía, porque él fue parte del Comité de Crisis y el resultado es tapar y esconder todo lo que no les conviene", concluyó.

Por los atentados ocurridos entre enero y abril de 2018 la Fiscalía abrió al menos 14 expedientes. Algunos ya concluyeron en sentencia especialmente para quienes fueron considerados responsables de los 10 atentados con explosivos registrados en la zona de San Lorenzo. Además de los militares, los periodistas, entre las víctimas estuvo la pareja conformada por Óscar Villacís y Katty Velasco. Posteriormente, un militar fue secuestrado en el sector de Tobar Donoso en Carchi. Las averiguaciones de sus familiares permitieron dar con su cadáver que se encontraba abandonado en una morgue de Colombia.