Si la tendencia de muertes violentas que se registró en el primer semestre de 2023 se mantiene, Ecuador podría terminar el año con una tasa de casi 40 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Eso lo colocaría entre los países más violentos de la región.

Algunos endosan la responsabilidad a las actuales autoridades porque en materia de seguridad el gobierno del presidente Guillermo Lasso deja una gran deuda. Así opina Johanna Espín, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. “Los indicadores de muertes violentas han empeorado, no contamos con planes de seguridad claros ni presupuestos suficientes. Es un tema clave y urgente para el siguiente gobierno”, opina la catedrática.

El penalista Felipe Rodríguez hace un balance y cree que Lasso, económicamente, tuvo grandes logros, todo gracias a un buen ministro de Producción. “Pero en seguridad deja un país caotizado y en la peor crisis de seguridad de nuestra historia, por haber puesto al mando de la seguridad a Diego Ordóñez, quien no tiene conocimientos teóricos ni prácticos en seguridad”, señala.

Dice que se imagina lo duro que debe haber sido para Guillermo Rodríguez, director del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI); y Fausto Salinas, comandante de la Policía, dos expertos en seguridad, “tener que lidiar con un secretario absolutamente inferior a ellos”, añade.

Es que analizando las cifras de muertes violentas registradas durante el primer semestre de 2023, el 75 % de los 3.394 homicidios intencionales, asesinatos y sicariatos (2.588 casos) se produjo en un lugar público. Y la vigilancia de esos espacios le corresponde a la Policía.

Juan Manuel Fuertes, exviceministro de Gobernabilidad, piensa que para tener criterio sustentado se requiere conocer el diagnóstico levantado, la estrategia diseñada y la efectividad de las decisiones adoptadas en función de las metas que hayan establecido.

“Ante la carencia de esa información cabe una opinión basada más en la percepción que en el análisis empírico. Tengo la impresión de que nos hemos acostumbrado a la noticia diaria y permanente de sicariatos, asaltos, etc., lo cual adormece la capacidad de asombro y lidiar con el miedo”, reitera.

Sin embargo, reconoce esfuerzos que son evidentes. Cita que se ha incrementado el número de efectivos policiales en algunas plazas lo que, sumado a la intervención militar, seguramente han sido disuasivos para los delincuentes.

A eso suma que al interior de las cárceles no se han producido nuevas matanzas, como las ocurridas en meses anteriores. Para Andrés De la Vega, analista en temas de seguridad ciudadana y docente universitario, hacer una evaluación de la seguridad en la recta final del gobierno, aunque parece simple, es esencial.

Considera que muchas variables se podrían utilizar al momento de evaluar la gestión de seguridad ciudadana en un país, en una región, en una ciudad. Pero opina que lo principal a medir es cómo están los ciudadanos, los seres humanos. ¿Su vida y su integridad corren peligro? ¿Su patrimonio está siendo amenazado? ¿Se sienten seguros?, se pregunta.

Para él, un indicador que permite comparar que tan grave es la situación de inseguridad es el homicidio. Recuerda que el Ecuador vivió en el 2022 el año más violento desde que esta se monitorea. Explica que desde el año 2019 se ha venido registrando un incremento en homicidios que se tornó notablemente alto a partir de 2021 con una tasa de homicidios de 13.89 por cada 100.000 habitantes, con 2.496 homicidios en el país.

Afirma que la cifra prácticamente se duplicó en 2022 en que Ecuador registró la tasa anual de homicidios más violenta de su historia, con 26.68 homicidios por cada 100.000 habitantes, con 4.823 homicidios, lo que le puso entre los países más violentos de América Latina y el Caribe, la región más violenta y desigual del mundo.

Puntualiza que la situación este año es aún más desesperante y se refiere a los 3.394 homicidios registrados en los seis primeros meses del año que equivalen a una tasa de 18.89 por cada 100.000 habitantes.

El 92 % de esos decesos corresponde a hombres con más de 3.100 casos y casi el 8 % de víctimas fueron mujeres. En edades, el 86 % de muertos eran adultos, el 10 % adolescentes y el 4 % eran niños.

El penalista Nicolás Salas señala que si bien el incremento delictivo en la época de Lasso    no obedece solamente a la mala o inexistente política pública en materia criminal porque hay factores que se vienen acarreando desde hace muchos años que no le son atribuibles, “sí se ha pecado por parte de este gobierno en no tener política criminal clara, dirigida hacia algo, esa es la gran falencia de este país”.

Concluye que los gobiernos no hacen esfuerzos específicos, bien articulados, sistemáticos y bien asesorados para poder hacer una política criminal del Estado, global, no solo desde el Ejecutivo, sino desde los demás poderes del Estado y ese es el gran problema del país. 

• En el Gobierno hay optimismo por lo hecho

El ministro de Gobierno, Juan Zapata, señala que la evaluación en el tema de seguridad ya en la recta final del gobierno del presidente Guillermo Lasso se puede hacer desde diferentes aristas. 

Cita por ejemplo que van a dejar una Policía mucho más fortalecida de la que recibieron por el mismo concepto de las graduaciones masivas. Afirma que dejarán 20.300 policías más y espera que el régimen que venga ojalá complete los 9.700 uniformados que faltarían para completar el ofrecimiento de tener los 30.000 agentes.

El respaldo a la Policía para que pueda actuar considera que también es importante porque el año pasado hubo seis enfrentamientos con igual número de delincuentes abatidos mientras que en lo que va de 2023 ya son 45 delincuentes abatidos en uso legítimo de la fuerza.

Aborda el tema antinarcóticos que en el gobierno del presidente Lasso ya se han decomisado más de 400 toneladas de droga. Menciona resoluciones del Cosepe nombrando al terrorismo y al crimen organizado como enemigos del Estado, eso quiere decir que hubo una respuesta directa contra el crimen organizado en colaboración de las Fuerzas Armadas para la Policía.

Añade las labores dentro de las cárceles. “Dejamos para el próximo año tareas menores” en temas de seguridad, recalca.

Sus expresiones, sin embargo, distan mucho de las cifras de muertes violentas y asesinatos que preocupan a la mayoría de los ecuatorianos.

Es que en el primer semestre de 2023 el número de asesinatos, homicidios y sicariatos casi se duplicó con relación al mismo período de 2022.