El presidente Guillermo Lasso adelanta su posición de vetar la Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Casos de Violación si esta va más allá del fallo de la Corte Constitucional. En una entrevista a Ecuavisa, el primer mandatario dijo que los legisladores están aprovechándose para ir más allá de la sentencia que declaró inconstitucional el artículo del Código Integral Penal que despenalizaba el aborto por violación solo en determinadas circunstancias.

“Lo que sucede ahora es que están aprovechando esa ventana para ir más allá de lo que estableció la Corte Constitucional. Ya no solo en el campo personal, sino como presidente mi obligación será vetar a efectos de que no vaya más allá del fallo de la Corte Constitucional”, dijo el mandatario.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional analiza el proyecto y redacta el informe para su segundo debate. El tiempo límite para practicar una interrupción voluntaria del embarazo se ha convertido en un escollo. Primero se fijó en 28 semanas el plazo límite, lo que provocó críticas que empujaron al presidente de la mesa, Alejandro Jaramillo, a proponer que se vuelva a analizar este aspecto ya debatido y aprobado por la mayoría de sus miembros.

Hoy 15 de enero de 2022 a las 15:00 está previsto se retome el debate del artículo 19 que establece la temporalidad. De acuerdo al orden del día, la mesa legislativa recibiría a más expertos sobre este tema.

Una nueva reforma judicial de cara a una consulta popular

El primer mandatario no descarta solicitar asistencia internacional para realizar una reforma a la justicia que la resuelvan los ecuatorianos a través de una consulta popular. Esto, ante lo que considera es una falencia estructural que atraviesa el sistema judicial que se ve reflejada en la inseguridad, abuso de la prisión preventiva, entre otros factores. “Tenemos que trabajar en el diseño, arquitectura institucional de la justicia, evaluación de jueces y reformas legales”, comentó Lasso quien considera que esta consulta podría coincidir con las elecciones seccionales de 2023, y no descarta incluir en esa consulta la reforma laboral.