Han transcurrido dos meses desde que el legislativo destituyó con 81 votos a favor a Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea Nacional, luego de acoger el informe presentado de por la Comisión pluripartidista ad hoc que recomendaba su salida  por incumplimiento de funciones. Sin embargo, en un intento por demostrar "que se vulneró su derecho a la defensa", presentó una acción de protección el pasado 5 de agosto en contra de su sucesor, Virgilio Saquicela y los asambleístas que sugirieron su salida.

Llori presentó el recurso legal en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quitumbe, en el Distrito Metropolitano de Quito, con el objetivo de recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional. Pues aduce que no se le permitió defenderse ni contradecir el informe presentado por los asambleístas Pedro Zapata (PSC), Pamela Aguirre (UNES), Lucía Placencia (ID), Peter Calo (PK-R) y John Vinueza (UE) en el que acusaban a Llori de incumplir sus funciones.

Según Julio César Sarango, abogado de Guadalupe Llori, "nunca le dieron el plazo razonable" para que la expresidenta pueda presentar las pruebas necesarias. Es más, explica, que la exfuncionaria tuvo solo una hora para argumentar su defensa, "cuando el tema no constaba en el orden del día de la sesión 772 del 31 de mayo (día de su destitución), y eso viola el debido proceso".

Sarango diagnosticó que, en caso de que la jueza de la Unidad Judicial de Quitumbe conceda la acción de protección, el proceso de destitución en contra de Llori podría quedar sin efecto. Por consiguiente, dice, la expresidenta del Legislativo recuperaría su cargo, como también podría iniciar un proceso de reparación por los daños causados.