
El Gobierno elimina entidades y sube el precio de la super
El galón costará 2,98 dólares. Los demás subsidios no se tocan. Se fusionan ministerios y se liquidarán empresas públicas. Se recortarán gastos excesivos.
La receta se mantiene. El Gobierno optó por medidas de austeridad para afrontar la situación económica, calificada como delicada por los voceros gubernamentales. El único ingrediente nuevo es la eliminación del subsidio a la gasolina súper.
La meta es ahorrar unos 1.000 millones de dólares anuales.
El presidente Lenín Moreno hizo anoche el anuncio oficial. Justificó sus decisiones porque, dijo, recibió un “país quebrado” y con una deuda cercana a los 60.000 millones de dólares. Las medidas, explicó, “apuntan a devolver la prosperidad a la Patria”.
El secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, apuntó la otra línea del plan: “necesitamos la contribución de los que más tienen”, dijo. Y anunció que el galón de gasolina súper subirá a 2,98 dólares. El nuevo precio empezará a regir, probablemente, la próxima semana.
Además, el diésel de uso industrial irá a un proceso de “optimización”.
Los precios de venta de la gasolina extra y ecopaís, diésel y el gas no se tocarán. En un encuentro previo con los periodistas, Jurado aseguró que con esta decisión no debería haber un incremento en los productos de primera necesidad o el transporte.
¿Está cerrada la posibilidad de revisarlo? Convocaremos a una mesa de diálogo nacional “para encontrar los mejores mecanismos de focalización que beneficien a quienes realmente lo necesitan”, dijo.
No se anunció la fecha de inicio de este proceso.
El ajuste en los gastos del Gobierno vienen en un variado paquete (ver infografía).
La reducción del tamaño del Estado tiene metas claras. El Gobierno eliminará 20 entidades, lo que implicaría una reducción de 920 puestos de trabajo inicialmente. Quiere llegar al 2020 con 97 instituciones en su registro. En 2017, cuando asumió el poder -se quejó Moreno- había 135.
En este camino, se ‘quedarán’ algunos funcionarios que estaban vinculados con el oficialismo desde la década pasada, como Rosana Alvarado o Alexandra Ocles. El ministerio de Justicia y la secretaría de Riesgos, se eliminarán, según lo anunciado.
En el plan también entran las empresas públicas. Irán, dependiendo del caso, a liquidación, su administración pasará al ministerio del ramo o se delegará la administración al sector privado. Jurado insistió en que no habrá privatización ni concesión, aunque no descartó una posible venta aunque sin mencionar casos.
Según Moreno y su ministro de Finanzas, Richard Martínez, en el Ejecutivo aún hay espacio para “ajustarse el cinturón”. Se contempla la optimización de gastos en arrendamiento, movilización, seguridad, compra de bienes y servicios.
En un gesto más bien simbólico, los ministros, subsecretarios, coordinadores y asesores pagarán su propio servicio de telefonía móvil y se reducirá la seguridad. Se exceptúa de esa medida aquellos casos que tengan un alto nivel de riesgo.
Se venderán, ofreció Moreno, otros 1.000 vehículos públicos adicionales a los 377 que se han subastado.
Detalles
Compras
Un ajuste en las compras públicas: se restringe la contratación directa o el uso del régimen especial. Quien no acate esta decisión será despedido o destituido. ¿La razón? El anterior gobierno contrató 18.000 millones por esta vía. Es decir, “a dedo”, según Moreno.
Social
El plan del Gobierno también tiene un componente social: 53.000 adultos mayores se beneficiarán del bono de $ 100. Y 101.000 familias recibirán un incremento o la restitución del Bono de Desarrollo. Se movilizarán 1.300 millones, entre 2018 y 2019, para crédito productivo.
Impacto
El ministro Richard Martínez explicó que el impacto de este plan se reflejará con mayor exactitud en el presupuesto de 2019. La meta es llegar a un equilibrio fiscal hasta el 2021 y reducir las necesidades de financiamiento al 3,5 %, del PIB, ese año.
Corrupción
‘Premio’ a quien delate un soborno
En la búsqueda de recursos, el Gobierno también recurrirá a herramientas para intentar el dinero de la corrupción. Como publicó EXPRESO, esa es una deuda pendiente. Además de haber contratado empresas internacionales para rastrear el dinero (ya tienen pistas, según el Gobierno), se propondrán dos reformas legales.
La primera, una norma para que quien entregue datos certeros y comprobables del dinero robado tenga una participación del 20 % del valor recuperado. La segunda, es la ‘delación por una vez’. Si un involucrado en un soborno, delata y presenta pruebas en contra del funcionario público implicado, no será sindicado en la investigación. Según Juan Sebastián Roldán, secretario del presidente, son normas similares a las que se aplican en otros países. Según dijo, ahora mismo se ha identificado recursos en Panamá y Estados Unidos.