Gasto publico fuera de control
Con el pasar de los días se acentúa la crisis no admitida por el Gobierno. Las pistas hay que hallarlas en los detalles que se prefiere ignorar: una temporada vacacional de ingresos turísticos poco satisfactorios, la creciente morosidad de los consumidores, la caída sostenida de las recaudaciones de impuestos, el creciente desempleo, la infranqueable depresión en los precios del petróleo, y los crecientes montos de retraso en los pagos de las obligaciones del Gobierno a contratistas, proveedores, y municipios, son todos elementos que descubren la asfixia fiscal que contagia a la economía en su conjunto.
Las deudas con municipios y las acciones unilaterales contra el IESS y el Issfa tienen, no obstante, un contrapeso en la creciente planilla que, por pagos a la burocracia, debe hacer el Gobierno. Es la contraparte de las obligaciones adquiridas a lo largo de la casi década del ejercicio del poder, que significó más que la duplicación del peso del gasto público, fundamentalmente de consumo, en la economía, y la triplicación de los haberes en la planilla laboral. El Gobierno argumenta que el mayor enrolamiento de personal se ha hecho en las partidas de maestros, policía, salud pública y bienestar. Dejando de lado por el momento la eficiencia del gasto incurrido, lo cierto es que las alzas salariales y beneficios colaterales han creado una fuerte carga que hoy representa alrededor del 10 % de un PIB en deterioro. Para un Gobierno que pregona su gasto en inversión, esta ha bajado en más del 2 % del PIB, y entretanto se continúan anunciando proyectos emblemáticos como las autopistas, que en las circunstancias actuales representan más bien un listado de bienes deseados antes que de realidades posibles.
Es responsabilidad del ente planificador y del Ministerio de Finanzas sonar las alertas, ya no tempranas, que en la pendiente que se sigue, la brecha efectiva de recursos superará, en el año presente, el 12 % del producto. El país ha recurrido al endeudamiento agresivo y oneroso, a sabiendas de que tales medidas significan, al final del día, “patear la lata”, pues los problemas económicos no se resuelven con discursos cargados de retórica, sino con el uso juicioso de la cabeza, y con conciencia plena de la responsabilidad que el ejercicio del poder conlleva.
