Trescientas sabatinas desmintiéndolo, un polémico proceso de extradición y cuatro años de cárcel parecen no haber hecho mella en Galo Lara. Más bien, parece fortalecido, sobre todo ahora que, una vez desclasificados documentos de la Secretaría Nacional de Inteligencia, dice poder demostrar lo que siempre sostuvo: que el gobierno de Rafael Correa lo persiguió.

Según los documentos desclasificados, al menos seis operativos, uno de ellos de más de $ 7 millones, fueron utilizados para seguirlo y extraditarlo desde Panamá. ¿Qué le demuestran a usted estos papeles?

Que el Estado me persiguió, el tiempo me dio la razón. Los documentos demuestran que se usaron dineros públicos para pagar a informantes y agentes encubiertos para infiltrar mi despacho, seguirme hasta Estados Unidos, y desprestigiarme en Panamá. Pagaron muchísimo dinero para lograr mi extradición.

¿Considera que estos informes también demuestran su inocencia en el triple asesinato ocurrido en Quinsaloma?

Sí. Ahí en los documentos se demuestra que la Senaín pagó a dos policías para hacer unos videos que me incriminaron. El desglose del operativo menciona el crimen, una posible venganza que lo habría ocasionado, pero también establece que ella era pariente del difunto, y mi pareja sentimental. A esto se suma la infiltración en mi despacho y el hecho de que me estuvieran siguiendo.

A lo largo de su periodo como asambleísta, hizo más de treinta denuncias relativas a sobreprecios y tramas de corrupción. Años después, ¿estas han probado ser ciertas?

Todas y cada una de ellas. Yo fui el primero en denunciar los sobreprecios en el trasvase Daule Vinces y en Coca Codo Sinclair, que se demostró cuando estalló el caso Odebrecht. Lo mismo con la contratación de seguros para Petroecuador, los negociados con el petróleo, la compra de los radares chinos, la compra de los helicópteros Dhruv, y puedo seguir...

¿Qué acciones legales tomará tras la desclasificación de los documentos de la Senain?

Lo primero será la denuncia por peculado ante la Fiscalía, porque no es posible que se haya usado dinero público para perseguir y desprestigiar a alguien y que eso haya sido dirigido por el mismo Estado. Asi mismo, quiero peticionar ante la fiscal general del Estado, Diana Salazar, la reapertura del caso Quinsaloma, porque con esto se demuestra que se fabricaron pruebas y testimonios con el fin de encontrarnos culpables a mí y a la madre de mis hijos.

¿Demandará al Estado?

Estoy analizando la posibilidad con mis abogados. Finalmente, yo no quiero vengarme. Hago esto público porque no quiero que lo que me pasó a mí le pase a ningún otro ecuatoriano. Sí quiero que se rectifiquen ciertas cosas, entre esas la permanencia de ciertos jueces correístas que tanto daño le hicieron a la justicia.

¿Qué sigue ahora para usted?

Seguiré luchando por la justicia, por mi provincia. Estoy de vuelta y no pienso irme a ningún lado. Lucharé porque se recuperen los dineros que se llevó la corrupción.