La fiscal Diana Salazar acusó a los vocales del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo, y al expresidente de la Corte de Pichincha Vladimir Jhayya, y pidió que sean llamados a juicio por posible tráfico de influencias. Acusó a Morillo y a Barreno como coautores y a Jhayya como cómplice del delito.

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Para Morillo y Jhayya pidió ratificación de las medidas cautelares personales y reales. Mientras que para Barreno solicitó que se dicte la prisión preventiva porque existen hechos nuevos como la serie de actuaciones, escritos ofensivos hacia la fiscal y las medidas de protección para no permitir un cauce normal del caso.

El pedido se dio tras la resolución del juez Walter Macías, quien declaró la validez procesal tras no dar paso a los pedidos de nulidad que hicieron los defensores de los procesados Morillo y Barreno.

Ellos argumentaban que se violentó el derecho a la defensa con el cierre anticipado de la instrucción antes de los 80 días previstos. Pedían que el caso regrese al 15 de agosto, cuando se produjo el cierre para que sean despachados los pedidos que supuestamente la Fiscalía no había resuelto.

Pero la fiscal Salazar explicó que todas las peticiones de los procesados habían sido respondidas. Se mostró abierta a que si es que los procesados solicitan a Virgilio Saquicela o al juez Carlos Pazzos como testigo en un aparente juicio no se opondrá.

Después de más de dos horas de deliberación, el juez Macías resolvió declarar la validez de lo actuado. Inició entonces la sustentación del dictamen acusatorio de parte de la funcionaria. Ella narró los hechos ocurridos el 2 de junio de 2022 durante una reunión que había sido convocada por Morillo, presidente (e) de la Judicatura.

En la cita se había hablado de la acción de protección de la exasambleísta Guadalupe Llori, quien quería conservar su cargo de titular de la Asamblea con una resolución favorable en la apelación que llegó a la Corte de Pichincha.

La reunión se dio en un edificio del norte de Quito. Participaron Morillo, Barreno, Jhayya, Gustavo Osejo y una jueza de la Corte de Pichincha que grabó la reunión en la que Morillo habría solicitado apoyo favorable en la resolución de Llori. Según la fiscal en el pedido que falle en favor de Llori para que pueda conservar el cargo, ahí está el presunto delito de tráfico de influencias.

La fiscal primero enumeró más de medio centenar de elementos comunes a los tres sospechosos y luego los especificó para cada uno. Entre los comunes citó, por ejemplo, fotografías con geolocalización, una grabación de más de una hora de duración, el testimonio anticipado de la testigo protegida, registros de contactos telefónicos, computadores con archivos creados el 2 de junio de 2022.

Además, la fiscal citó información de los administradores del edificio en el que se realizó la reunión, oficios con informes de cotejamiento de voces que se escuchan en la reunión que daría cuenta del tráfico de influencias.

La audiencia preparatoria se instaló mientras se encuentra en trámite un nuevo juicio de recusación que presentó la vocal Barreno en contra del juez Macías. El magistrado Felipe Córdova le dio cinco días para que aclare la demanda antes de darle trámite.

Señaló que Barreno no es clara al “desarrollar la narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones (debidamente clasificados y numerados)”.

Jesús López, defensor de Jhayya, reconoció el derecho de Barreno de presentar cualquier recurso, pero dijo que “nos causa algo de malestar porque nosotros como defensa hemos comparecido a todas las diligencias”. Hasta el cierre de la edición la audiencia continuaba. 

REMOCIÓN DE LOS CARGOS

La fiscal Diana Salazar solicitó al juez Walter Macías que se oficie al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a la Judicatura para que se dicte la remoción de los funcionarios que sean llamados a juicio.

En el caso de un incumplimiento requirió que se oficie a la Contraloría y al Ministerio del Trabajo para que se realice el registro de inhabilidad de cumplimiento de cargo público.

En el caso de llamamiento a juicio anunció que presentará prueba testimonial, pericial y documental.

Entre los testimonios están los del exasambleísta Ricardo Vanegas; el presidente de la Corte de Pichincha, Gustavo Osejo; Andrea Bravo, David Guzmán, Blanca Egas y una treintena de testigos más.

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